Granada.- La Audiencia de Granada juzgará hoy a Antonio Herrera, el "jamonero de Trevélez", acusado de estafar más de 25 millones de euros a numerosos vecinos de la Alpujarra
Antonio Herrera, conocido como el "jamonero de Trevélez" y que está acusado de estafar más de 25 millones de euros a vecinos de la Alpujarra granadina, sale del Juzgado de Instrucción número 1 de Órgiva (Granada). EFE/Archivo
Herrera se enfrentará a una petición provisional de la Fiscalía de 46 años y diez meses de prisión por estafa, apropiación indebida, falsedad documental, insolvencia punible, alzamiento de bienes y delitos societario y contra la Hacienda Pública.
En su escrito de calificación, al que ha tenido acceso Efe, el Ministerio Público pide una multa que supera los 2,2 millones de euros y cifra en más de 10 millones la indemnización a la que deberá hacer frente el procesado en concepto de responsabilidad civil por la supuesta estafa de al menos 160 personas.
A su mujer -Concepción G.N.- le imputa alzamiento de bienes y delitos societario y contra la Hacienda Pública, por lo que solicita para ella siete años de cárcel y más de 730.000 euros de multa.
El fiscal relata que los hechos se remontan a finales de 1993, cuando el acusado Antonio Herrera, en prisión desde diciembre de 2007, y su esposa constituyeron la sociedad mercantil Jamones Fernando SL, cuyo objeto era el secado y la curación de jamones, con sede social en Trevélez, donde ambos residían.
Según la acusación pública, debido a su anterior trabajo como director de un banco, el procesado conocía los ahorros de sus clientes, aspectos mercantiles y medios de financiación de empresas dedicadas al sector del jamón, y gozaba además por ello "de una buena imagen y consideración en la zona de la Alpujarra".
En torno a 1997, "presidido por un manifiesto ánimo de lucro y en perjuicio de terceros", decidió dirigir su actividad empresarial, dice el fiscal, al ámbito de la obtención de capital y recursos ajenos para la "financiación de su consumo y bienes propios".
Para ello, enmascaró dicha actuación "bajo una apariencia de actividad comercial" dedicada al jamón serrano, bodegas, quesos, dulces, secaderos, tiendas y restaurantes, y creó otras sociedades gracias a la financiación que conseguía por el "simple préstamo o inversión en jamones", o el pago en especie, con jamones crudos que supuestamente reportarían cuantiosos beneficios tras su curación.
Herrera prometía alta rentabilidad a sus clientes, quienes en la práctica no pretendían la adquisición de jamones sino lograr un buen rendimiento económico, que el jamonero no siempre podía garantizar.
En su escrito, el fiscal hace referencia no sólo a la falsa apariencia de solvencia y el alarde de prosperidad de los negocios que hacía el procesado, sino también a sus "maniobras falaces y engañosas" y a la forma "torticera y maliciosa" de actuar.
Ante la gravedad de la situación por él mismo generada "de forma voluntaria, consciente y maliciosa" y cuando sus negocios fueron a peor, optó por huir de España en octubre de 2004, con destino inicial a Europa y luego a la República Dominicana, donde fue detenido por la Interpol en diciembre de 2007.
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