Washington.- El juicio que inició hoy la Corte Suprema de Bolivia contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada es producto "de una persecución política" del Gobierno de Evo Morales contra sus opositores, denunció Ana Reyes, abogada del acusado.
"Al otorgar asilo político a otros acusados que formaron parte del Gobierno de Sánchez de Lozada, varios países han reconocido que no hay un sistema judicial independiente en Bolivia", denunció Reyes.
Perú otorgó recientemente asilo a tres ex ministros, Mirtha Quevedo, Javier Torres Goitia y Jorge Torres Obleas, imputados por los más de 60 muertos durante unos disturbios en septiembre y octubre de 2003, en los que el Gobierno desplegó a las fuerzas armadas en las calles.
En un comunicado, Reyes recalcó que Sánchez de Lozada actuó legalmente entonces "al responder a los manifestantes armados y violentos que juraron derrocar al Gobierno electo democráticamente, tomaron rehenes a 800 personas y bloquearon la ciudad capital, previniendo la entrada a La Paz de gasolina, comida y otros suministros".
El ex presidente está siendo juzgado in absentia por nueve delitos, entre ellos el de "genocidio". También están imputados 16 miembros de su Gobierno y mandos militares de aquella época.
Sánchez de Losada salió de Bolivia en octubre de 2003 y desde entonces reside en Estados Unidos, donde también viven sus ex ministros de Defensa Carlos Sánchez y de Hidrocarburos Jorge Berindoague.
"Los eventos de 2003 han sido investigados por la (Organización de Estados Americanos) OEA y fiscales independientes del Ministerio Público de Bolivia. Ambas investigaciones concluyeron que la respuesta de las fuerzas armadas bolivianas fue legal y responsable", dijo Reyes.
La letrada señaló que las acusaciones contra su cliente carecen de base alguna y tienen una motivación política.
"Los eventos de hoy son parte de la persecución política del actual Gobierno contra sus opositores", añadió, en referencia al inicio del juicio.
En noviembre, el Gobierno de Bolivia pidió formalmente a Estados Unidos la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y Berindoague, una solicitud a la cual el departamento de Estado aún no ha respondido.
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