Mérida.- El Pleno de la Asamblea de Extremadura ha aprobado hoy el proyecto de ley por el que se crea el Instituto de Estadística de la Comunidad Autónoma, así como el referido al primer Plan de Estadística de la región como instrumento de ordenación, planificación y sistematización de esta actividad.
Ambos proyectos de ley, que han recibido el visto bueno por unanimidad en su debate de totalidad, han sido defendidos por la vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Comercio e Innovación, María Dolores Aguilar, quien ha destacado la importancia del instituto para tener un conocimiento "constante, objetivo e imparcial" de la realidad extremeña. EFE/Archivo
Ambos proyectos de ley, que han recibido el visto bueno por unanimidad en su debate de totalidad, han sido defendidos por la vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Comercio e Innovación, María Dolores Aguilar, quien ha destacado la importancia del instituto para tener un conocimiento "constante, objetivo e imparcial" de la realidad extremeña.
Aguilar ha explicado que el instituto se constituirá como un organismo autónomo con personalidad jurídica propia y contará con un presupuesto de 1,05 millones de euros, muy inferior al de otras comunidades autónomas.
Con respecto al primer Plan de Estadística de Extremadura, la consejera ha indicado que éste entrará en vigor con carácter retroactivo a partir del 1 de enero de 2009 y tendrá una vigencia de cuatro años con programaciones anuales.
Por otro lado, el PP ha advertido hoy de la posible "deslocalización fiscal" que puede ocasionar la no derogación de las órdenes por las que se actualizan los valores fiscales de bienes inmuebles en Extremadura, mientras que el Socialista ha negado que ello suponga una subida de impuestos y ha acusado al PP de demagogia.
El Pleno de la Asamblea de Extremadura ha rechazado hoy, con los votos en contra del PSOE, una propuesta de impulso del PP en la que se instaba a la Junta a derogar de manera inmediata el Decreto 66/2009, de 27 de marzo, y las dos órdenes de 30 de marzo por la que se actualizaban los valores fiscales de los inmuebles.
Por otra parte, el Pleno ha aprobado hoy por unanimidad una propuesta de impulso del PSOE por la que se insta a la Junta a trabajar conjuntamente con el Gobierno central en la campaña relativa a la prevención de embarazos no deseados y de las enfermedades de transmisión sexual entre adolescentes.
La propuesta socialista propone también al Ejecutivo extremeño potenciar sus políticas de servicios y prestaciones en materia de anticoncepción y colaborar en la promoción y difusión de esta campaña para reducir la tasa de embarazos no deseados entre los más jóvenes.
Además, se ha aprobado por unanimidad una propuesta de pronunciamiento en la que se insta al Gobierno de España a la adopción de soluciones transitorias para que la Ingeniería Informática tenga el mismo trato que el resto de las ingenierías.
La propuesta ha sido formulada por el PP, pero aprobada por unanimidad tras consensuar populares y socialistas una modificación en el texto por la que se ha retirado parte del contenido, al considerarlo el PSOE "extemporáneo".
Ya en el turno de preguntas, el consejero de Administración Pública y Hacienda, Ángel Franco, ha afirmado que el cambio del domicilio fiscal de la Central Nuclear de Almaraz (CNA) a la región tendrá efectos económicos positivos "si no con carácter inmediato, sí a medio y largo plazo".
Franco ha hecho esta afirmación el Pleno de la Asamblea de Extremadura, y en su respuesta a una pregunta del diputado del PP Anselmo Díaz Cabello sobre los efectos de este cambio de domicilio fiscal.
Asimismo, el consejero ha dicho, sobre la devolución de 234 millones de euros a las eléctricas por la Hacienda regional a causa del denominado impuesto ecológico, que fue aprobado por la Asamblea y que, si hubiera que pedir responsabilidades, habría que hacerlo a quienes dieron su visto bueno.
Franco ha hecho esta afirmación el Pleno de la Asamblea de Extremadura, en su respuesta a una pregunta del presidente del PP, José Antonio Monago, sobre si se derivarán responsabilidades políticas tras la sentencia de 2006 del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional el Impuesto sobre Producción y Transporte de Energías que incidan en el Medio Ambiente.
Por su parte, Monago ha subrayado que, por esta cuestión, la Extremadura debe abonar 234 millones de euros, de ellos 142 ya pagados, y que los intereses de demora ascienden a 16,2 millones de euros, una cifra que supone, ha dicho, la mitad del presupuesto de la Consejería de Fomento.
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