San Salvador.- El Grupo Calvo dijo hoy que ve un futuro "negro" para su operación en El Salvador si el Parlamento local no ratifica las reformas constitucionales que permitan al país acogerse a un convenio de la OIT exigido por la Unión Europea (UE) para que siga gozando de las preferencias arancelarias.
La planta procesadora de Calvo opera desde 2002 con unos 1.500 trabajadores y una capacidad de producción estimada entre 3.000 y 4.000 toneladas al mes. EFE/Archivo
El consejero delegado de ese grupo atunero español, Manuel Calvo, explicó a Efe que esperan que la Asamblea Legislativa, que inició su período el pasado 1 de mayo, avale la modificación del artículo 47 de la Constitución, que ya fue aprobada en la pasada legislatura, para permitir los sindicatos en las instituciones públicas.
El Salvador debe ratificar el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por el cual se permiten los sindicatos en las instituciones públicas y que fue declarado inconstitucional en octubre de 2007 por la Corte Suprema de Justicia.
Las reformas a la Constitución salvadoreña requieren de una primera aprobación en un período legislativo por mayoría simple (la mitad más uno de los diputados, es decir, 43 votos) y su ratificación con una mayoría calificada (56) por parte del Congreso que se instale en el período siguiente.
La UE, que anunció la apertura de una investigación para seguir de cerca este tema, dio plazo hasta finales de mayo para que se apruebe esa reforma o, de lo contrario, El Salvador quedará fuera del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP-PLUS).
"Nuestra empresa y otras muchas que exportan a la Unión Europea pagarían un 20,5 por ciento de arancel por el ingreso de sus productos a la Unión Europea (...) En nuestro caso, un 20,5 por ciento de arancel es absolutamente insostenible", afirmó Calvo, al aludir a la posibilidad de que el país quede fuera del SGP-PLUS.
Explicó que dados los "márgenes reducidos" con los que trabaja la empresa, un arancel tan elevado la retiraría "completamente del mercado".
"No podemos competir; por tanto, no es que queramos cerrar (las operaciones), sino que en definitiva el cierre vendría absolutamente sobrevenido", argumentó.
El ejecutivo, quien se encuentra de visita en el país, donde se ha reunido con distintos sectores en busca de la aprobación de la reforma a la Carta Magna, detalló que 90 por ciento de la producción de su empresa en El Salvador se destina a la UE.
"Estamos hablando aproximadamente de unos 103, 105 millones de dólares", sostuvo, y anticipó que no podrían operar a un 10 por ciento de su capacidad instalada, pues los costes y la amortización de la planta los harían entrar en pérdidas.
La planta procesadora de Calvo opera desde 2002 en la ciudad portuaria de La Unión, unos 183 kilómetros al sureste de San Salvador, con unos 1.500 trabajadores y una capacidad de producción estimada entre 3.000 y 4.000 toneladas al mes.
Sobre los planes de este grupo en un momento de crisis mundial, indicó que pueden considerarse una empresa "anticíclica", ya que no los impacta fuertemente la situación actual debido a que los precios de la sardina o el atún son baratos.
Aseguró, sin embargo, que han implementado un plan de disminución de costos operativos, aunque aclaró que "en ningún caso conlleva a la reducción de empleos".
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