Los ex-consejeros piden a la ministra actas para acreditar que ignoraban la realidad de CCM

Toledo.-  Los miembros del Consejo de Administración de Caja Castilla-La Mancha (CCM) que fueron cesados por el Banco de España piden a la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, una serie de actas y documentos con el fin de acreditar que actuaron de buena fe y que desconocían la realidad de la entidad.

Según dijeron a EFE fuentes del anterior Consejo de Administración de la entidad intervenida, la quincena de consejeros cesados a finales de marzo, han pedido a la ministra en su recurso de alzada que efectúe una serie de diligencias y actuaciones ante el Banco de España, ante la Confederación de Cajas de Ahorro (CECA) y ante la propia CCM.

Así, en su recurso, los cesados quieren demostrar con esta documentación que ellos eran ajenos a la situación real de la entidad y que por tanto desconocían la existencia de pérdidas.

Entre la documentación solicitada y que quieren esgrimir en defensa de su actuación, los ex-consejeros piden las actas de las inspecciones llevadas a cabo por el Banco de España y los documentos que les fueron entregados por la propia entidad durante las reuniones de los consejos de administración.

Asimismo, los consejeros, que piden su restitución en el puesto, también solicitan a la ministra el documento enviado por CCM a la CECA en el que se indicaba que la caja obtuvo en 2008 unos beneficios de casi treinta millones de euros, mientras que el Banco de España cifra unas pérdidas de 740 millones.

Los ex consejeros no cuestionan la intervención de la caja por el Banco de España ni quieren "ir contra nadie", pero quieren defender su labor en el Consejo y la honorabilidad de sus actuaciones, derivadas de la información que les ofrecían.

El Banco de España, en el documento que aprobó para intervenir CCM, acusaba a los directivos de la entidad de una "deficiente" gobernanza que socavó "de forma muy grave la solvencia y la viabilidad de la entidad".

A los miembros del Consejo de Administración le reprochaba que "no estableció los mecanismos necesarios para garantizar que recibía suficiente información de control de la cartera crediticia y, en general, del perfil de riesgo de la entidad" y que no fue capaz de reaccionar "cuando el deterioro de la situación era ya manifiesto".