Aprueban una ley que perfecciona el funcionamiento del presidente y el Gobierno

Zaragoza.-  El Pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado hoy la Ley del Presidente y el Gobierno de Aragón, que regula el poder Ejecutivo de la Comunidad y que perfecciona los mecanismos de organización y funcionamiento del presidente y de su Gobierno.

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(EFE)

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Angel Biel, durante su interención hoy en el Pleno de las Cortes regionales en el que se ha debatido y votado la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, una norma que permitirá al jefe del Ejecutivo disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas y que opta por la flexibilidad en las normas para la formación del Gobierno.

La ley ha salido adelante con un aceptable grado de consenso, del que se ha desmarcado el diputado de IU, Adoldo Barrena, que no ha votado a favor ninguno de los artículos de la ley por mantener discrepancias con varios asuntos que ha considerado importantes respecto al régimen de incompatibilidades de los altos cargos o a los cargos de libre designación.

El vicepresidente del Gobierno, José Ángel Biel, ha detallado alguna de las novedades de esta ley, la primera que se promulga en estricto cumplimiento del nuevo Estatuto de Autonomía, que entró en vigor el 23 de abril de 2007.

Entre las novedades que introduce la ley es de especial importancia la facultad que se da al presidente de Aragón para la disolución anticipada de las Cortes de Aragón y la convocatoria de elecciones en cualquier momento de la legislatura siempre y cuando haya transcurrido un año desde la última disolución y cuando no esté en trámite una moción de censura.

Se introduce la figura del vicepresidente, que será miembro del Gobierno sin necesidad de ostentar la condición de Consejero, con la posibilidad de que existan varias Vicepresidencias.

Esta novedad ha hecho necesaria la regulación en un título propio la figura del vicepresidente que ostenta la más alta representación del Gobierno después del presidente. Asimismo el presidente podrá nombrar varios vicepresidentes y señalará el orden de los mismos.

En la ley se opta por la flexibilidad de las normas para formación del Gobierno, su estructura, asignación de competencias y funcionamiento, en aras de una mayor eficacia del Gobierno en el ejercicio de sus funciones, y se incluyen las nuevas competencias autonómicas.

También se incluyen disposiciones relativas a las incompatibilidades, que según la exposición de motivos de la ley "mejoran claramente" la anterior regulación introduciendo nuevas exigencias con el fin de evitar conflictos de intereses en el ejercicio de su función.

El proyecto de ley, que incorporó más de sesenta enmiendas en el trámite de ponencia y comisión, ha mantenido para el debate de hoy treinta enmiendas vivas, 18 de ellas de CHA, fundamentalmente orientadas a reforzar el régimen de incompatibilidades económicas y políticas de los altos cargos del Ejecutivo.

El portavoz de CHA, Chesún Bernal, ha echado en falta la inclusión en la ley del Código del Buen Gobierno y un régimen más estricto de para la declaración de bienes y actividades de los consejeros y altos cargos, así como limitaciones en el cobro de dietas y sueldos por la asistencia de éstos a los consejos de administración de las empresas públicas a las que pertenecen.

Por todo ello, ha considerado que la ley, en los términos en los que ha sido aprobada, es una "oportunidad perdida".

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz de IU, quien ha asegurado que no se hace una verdadera apuesta por una administración "más transparente, más eficaz y más moderna".

Ha insistido en la necesidad de separar "totalmente" la actividad pública de la privada, en limitar a dos el número de vicepresidencias o en garantizar la publicidad y transparencia del nombramiento del personal de libre designación, asuntos que no han sido aceptados y que han motivado la abstención de Barrena.

El portavoz del PP, Manuel Guedea, se ha mostrado sin embargo de acuerdo con el régimen de incompatibilidades fijado y también con el hecho de que no se incluya un régimen sancionador para infracciones cometidas por los altos cargos, pues la responsabilidad de éstos es "política" y, en todo caso, "civil o penal" si cometen algún delito.

Javier Allué (PAR) ha apuntado que con el régimen de incompatibilidades y de limitación de actividades propuesto por CHA e IU prácticamente sólo podrían dedicarse a la política los funcionarios.

Por su parte, el diputado socialista Carlos Tomás ha dicho que se presta ahora especial atención a los procesos participativos y ha recalcado que se otorga al presidente mayor libertad para designar a los consejeros y repartir entre ellos las competencias correspondientes.