Compromís denuncia contratos por 570.000 euros de la Generalitat y empresas del caso Gürtel

Valencia.-  El grupo Compromís de Les Corts Valencianes ha denunciado hoy que existen contratos menores entre la Generalitat y empresas de la trama de corrupción Gürtel investigada por la Audiencia Nacional por al menos 574.873 euros y ha considerado que esa es "la trama" y por ahí hay que investigar.

La portavoz de Compromís, Mònica Oltra, ha explicado en una rueda de prensa que han pedido al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que reclame todos los contratos menores de la Generalitat con empresas investigadas en el denominado "caso Gürtel", ya que "por ahí puede salir" la "presunta financiación ilegal" del PP.

Además, ha anunciado que plantearán en Les Corts 1.512 peticiones de documentación sobre los contratos menores adjudicados por las 14 Consellerias en los últimos seis años a 18 de las empresas que figuran en la trama investigada por el juez Garzón, al creer que la cantidad adjudicada "a dedo" por el Gobierno de la Generalitat a esas empresas "puede multiplicarse por diez" con estos contratos.

El escrito remitido por Compromís a Garzón incluye, además, las irregularidades que la Sindicatura de Cuentas detectó en las empresas implicadas en la trama, ha explicado Oltra, quien se ha puesto a disposición del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para remitirles la información que necesiten.

El portavoz adjunto de Compromís Enric Morera ha aseverado que las victorias electorales del PP "en gran medida se sustentan en base a una financiación pública de empresas afectadas en la trama de corrupción", y ha considerado que se está "asistiendo a una presunta trama de financiación colosal del PP".

En la carta remitida a Garzón, este grupo parlamentario expone que tienen "constancia" de que las empresas relacionadas en la trama investigadas han sido contratadas por el PP de la Comunitat Valenciana a la vez que mantienen contratos con la Generalitat, tanto mediante procedimientos de concursos como con contratos menores.

Compromís destaca que se trata de una relación que, "si bien no es ilegal a primera vista, constituye un indicio de presunta ilegalidad por la forma en que dichas contrataciones se realizan", como el fraccionamiento de los contratos menores para eludir la publicidad o la adjudicación a las empresas investigadas de contratos a pesar de ofertar las cuantías más elevadas.

Además, aseguran tener constancia de contratos que "no se ajustan a los gastos reales de las actividades por las que se adjudican", por lo que podría pensarse en una "compensación" o "especie de adelanto de los gastos que posteriormente supondrá la realización de actividades en beneficio del PP", que serían abonados por las empresas beneficiarias de los contratos públicos a cargo de aquella diferencia.

Compromís expone que un "indicio" de ese sistema de pagos sería "el pago de gastos de vestuario de los dirigentes políticos" del PP, y que la presunta inexistencia de facturas a nombre de los beneficiarios y sí de las empresas del entramado "podría ser extensible al pago de actividades políticas del PP, lo que situaría la investigación en una presunta financiación ilegal del PP".

Como "indicio" de ese funcionamiento "irregular" para beneficiar a las empresas de la trama, exponen el caso de la empresa pública Vaersa, donde para contratar una campaña de difusión se presentaron tres empresas, aunque su administrador único era una misma persona física.

Compomís ha remitido también a Garzón un listado de contratos menores que han conocido a raíz de sus investigaciones o de las informaciones aparecidas en prensa, y ha insistido en que el "máximo responsable de este desaguisado" es el president de la Generalitat, Francisco Camps, quien debe dar explicaciones.