El Consejo Político de IU apoya a los miembros de la dirección encausados

Oviedo.-  El Consejo Político de Izquierda Unida de Asturias muestra su "absoluto respaldo" a los miembros de la dirección que deberán acudir al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) para "defenderse de las falsas acusaciones de las que han sido víctimas en el marco de una campaña de ataque y agresión al proyecto político que representa la coalición".

El máximo órgano de dirección de Izquierda Unida de Asturias quiere expresar su plena confianza en la justicia y afirma que el procedimiento que se abrirá próximamente permitirá que la verdad se manifieste con plenas garantías.

IU asegura que no se verá afectada por la campaña de este colectivo, "absolutamente minoritario", que tiene una obsesión enfermiza por agredir, desgastar y destruir el actual proyecto político.

El Consejo Político de Izquierda Unida de Asturias anuncia que trasladará esta resolución a la dirección federal de IU así como al resto de federaciones.

La sala de lo civil-penal del TSJA decretó ayer la apertura de juicio oral contra el coordinador general de IU de Asturias, Jesús Iglesias; la consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín, y el diputado de la coalición, Francisco Javier García Valledor.

El auto adopta esta medida por la presunta existencia de un delito de coacciones cometido por Iglesias y Martín y, en el caso de Valledor, se trata de otro de falsedad documental mientras que se sobresee la causa abierta contra el diputado por el primer delito.

La vista oral se abrirá también contra otros dos dirigentes de IU, Alfonso Suárez Hernández y Luis Álvarez Pérez, por un presunto delito de coacciones y otro de falsedad en el caso del primero.

Los cinco dirigentes de la coalición prestaron declaración el pasado mes de febrero como imputados -tres de ellos en calidad de aforados al ser diputados o miembros del Gobierno regional- en la diligencias previas abiertas por el TSJA tras la denuncia presentada por la dirección del Partido Comunista de Asturias (PCA).

Este proceso judicial se abrió tras la crisis vivida en 2007 en el seno de la coalición que derivó en un enfrentamiento sobre la propiedad de la sede en Oviedo, de la que es dueño el Partido Comunista de Asturias (PCA) pero que estaba arrendada a IU.

El PCA llevó hasta los juzgados a los dirigentes de IU, a los que acusa de coacción y falsedad documental y de cambiar las cerraduras de la sede, lo que provocó en dicho año un enfrentamiento entre ambas partes en el que se registraron graves altercados.

Aunque el Ministerio Fiscal había solicitado el sobreseimiento de la causa al entender que no existen elementos suficientes para imputar estos delitos, el TSJA opta por la apertura de juicio oral y se declara competente sobre el asunto aunque descarta por el momento la apertura de una pieza de responsabilidad civil y exigir fianza a los acusados tal y como solicitaban las acusaciones particulares.

Las acusaciones particulares, ejercidas por el PCA y por su secretario general, Francisco de Asis Fernández-Junquera, pedían en su escrito de acusaciones la imposición de una pena de cuatro años de prisión para cada uno de los cinco acusados, aumentada en el caso de Alfonso Suárez en un año y tres meses de prisión más por un delito de presentación de documento falso en un juicio.