El laberinto del matrimonio gay en EEUU busca (y halla) salidas

WASHINGTON, D.C.-  Julie y Hillary Goodridge se convirtieron en 2003 en la pareja más famosa y más activa en la lucha por los derechos de los homosexuales. Su apellido se convirtió en el título de un caso que consiguió la legalidad de los matrimonios gays en Masachussetts, el primer estado norteamericano en aprobar estas uniones.

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Aunque el congreso se pronuncie sobre las bodas gays, el sistema norteamericano establece que cada estado tiene la última palabra en este tema.

Pero la victoria de la pareja Goodridge, y las otras doce personas que se unieron en su caso, fue una victoria con fronteras. Julie y Hillary eran pareja legal en Massachusetts, pero en caso de mudarse a otro estado, perdían los beneficios y protecciones legales de su unión. Sólo los estados de California, Nueva York y, desde ayer, Washington, D.C., reconocen los derechos de parejas homosexuales que hayan contraído matrimonio en otro estado.

El sistema federal estadounidense determina que, a diferencia de otros países, cada estado puede regular de forma independiente algunas materias. El congreso tiene competencias para crear leyes a nivel nacional, pero los estados guardan jurisdicción sobre ciertas áreas, de modo que pueden acatar o no lo dictado por el congreso. Una de esas áreas es el matrimonio entre personas del mismo sexo, por lo que una norma aprobada por el congreso no tendría por qué implantarse en todos los estados. Sólo una decisión por parte del Tribunal Supremo debe ser impuesta en todo el territorio estadounidense.

De momento, nadie ha recurrido la legalidad del matrimonio homosexual o las leyes que lo prohíben ante el organismo superior de la justicia norteamericana.

En medio de este complejo sistema legal, los derechos que han sido reconocidos a personas en un determinado estado, no existen en otro. Y matrimonios que han sido declarados legales en un estado, pueden ser ilegales al otro lado de la frontera estatal. Y también varía la denominación del matrimonio gay en función del lugar de residencia. En Vermont y Nueva Jersey, las "uniones civiles" reconocen los mismos derechos para una pareja homosexual que heterosexual, pero no pueden llamarse "matrimonios". En California, el nombre elegido fue "asociación doméstica".

El resultado es que los diferentes beneficios legales y económicos que reconocen las distintas modalidades de matrimonio homosexual, siempre están delimitados por la frontera del estado. Dos hombres casados en California pueden compartir un plan de pensiones para su jubilación o hacer la declaración de impuestos de forma conjunta, pero si se mudasen, por ejemplo a Texas, se convertirían en dos personas que nada tienen que ver la una con la otra en materia legal.

Medidas como la aprobada ayer en el gobierno de la capital, o anteriormente en el estado de Nueva York, empiezan a cambiar la situación. Ya no hace falta casarse dentro de Washington, D.C, o Nueva York para tener los mismos derechos que una pareja gay casada en Massachusets. Para añadirle complejidad al asunto, ninguno de los dos permite todavía los matrimonios entre personas del mismo sexo, aunque se considera que el reconocimiento de parejas de otros estados es el primer paso para legalizar las bodas gays.

La decisión del gobierno de Washington coincide con uno de los momentos de mayor empuje de la comunidad que apoya el matrimonio homosexual. Obama es contrario a la definición de estas uniones como "matrimonio", pero apoya las uniones civiles que otorgan los mismos derechos a las parejas gays y heterosexuales. La semana pasada uno de los miembros del Tribunal Supremo anunciaba que dejaba su cargo, por lo que Obama tendrá la oportunidad de elegir algo más que un sustituto. La elección de un juez del Tribunal Supremo condiciona años de decisiones legales en un país en el que sólo esta corte tiene competencias sobre todo el país en todas las materias. Además, el puesto es vitalicio. Si un caso sobre la legalidad del matrimonio homosexual llega hasta el Tribunal Supremo, la persona elegida por Obama tendrá consecuencias en el resultado de la votación, por lo que algunos han metido en el bote de los candidatos a dos juezas que han reconocido su homosexualidad abiertamente.

Tanto la profesora de la Universidad de derecho de Stanford Pam Karlan como su antigua decana, Kathleen Sullivan, podrían encajar en el perfil de una persona que "tenga el corazón y la empatía para entender lo que supone ser pobre o afroamericano, gay o discapacitado". Estas declaraciones de Obama en Noviembre sobre su criterio para elegir a los jueces, abrieron el turno de las especulaciones sobre posibles candidatos. Y son muchos los nombres de mujeres y miembros de minorías que se están barajando.

Obama ha nombrado a miembros de su gobierno de distintos orígenes, hombres y mujeres, más y menos liberales, pero los activistas por los derechos de los homosexuales guardan el resentimiento de no tener un representante dentro del gabinete. La elección de una de estas juezas podría impulsar un movimiento que cuenta ahora mismo con el apoyo del 49 por ciento de los votantes, según la última ecuesta sobre matrimonio gay realizada por el diario Washington Post a nivel nacional.

Puede que el nuevo juez tenga la oportunidad de imponer la legalidad del matrimonio homosexual en todo el territorio estadounidense. Terminaría así la ilegalidad de estas uniones en función del estado de residencia, una situación sin precedentes desde que en 1967 el Tribunal Supremo estableció que era ilegal prohibir el matrimonio entre una persona afroamericana y una blanca.