El Gobierno aprueba el decreto de medidas administrativas contra la crisis

Las Palmas de Gran Canaria.-  El Consejo de Gobierno aprobó hoy el decreto que establece una serie de medidas para hacer frente a la crisis económica mediante la simplificación de trámites administrativos, con el fin de reactivar e impulsar la actividad económica en el archipiélago.

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(EFE)

El presidente del Gobierno de canarias, Paulino Rivero (i), con el vicepresidente, José Manuel Soria (d), antes de comenzar la reunión del consejo de Gobierno, celebrada hoy en Las Palmas de Gran Canaria.

El portavoz del Ejecutivo informó de su aprobación en la rueda de prensa que ofreció tras la reunión del Consejo en la capital grancanaria, y precisó que cuenta con el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Canarias.

Con su aprobación se culmina el proceso de modificaciones iniciado tras la aplicación del Acuerdo sobre las Medidas de Choque, de septiembre de 2008, según una nota facilitada por el Ejecutivo.

Respecto a las actuaciones en materia de reactivación e impulso de la actividad económica, el decreto contiene medidas concretas de simplificación en materia de contratación, inversiones de interés autonómico, implantación de nuevas actividades económicas, empresariales o profesionales y subvenciones del Servicio Canario de Empleo.

En concreto, se declara que concurren Razones de Interés Público, con la consecuencia de la aplicación automática de la tramitación urgente, para los expedientes de contratación relativos a redacción de proyectos de obras, contratos de obras y concesión de obras públicas.

Así mismo, también se incluyen en la tramitación urgente los de colaboración entre el sector público y el sector privado y los contratos de servicios en materia de telecomunicaciones, informática y servicios conexos, servicios de investigación y desarrollo y servicios de arquitectura, por ser los que implican más inversión y una mayor capacidad para la creación de empleo.

En todos estos contratos se elimina la exigencia de constituir garantía provisional, lo que supone un alivio económico al sector empresarial, que no tendrá que recurrir a avales o desembolsos en efectivo para licitar, señala una nota facilitada por el Ejecutivo.

También se regulan las inversiones de interés autonómico, que se definen como las declaradas por el Gobierno de Canarias que contribuyan a un especial impulso para el desarrollo económico y social y, con carácter prioritario, las encaminadas al fomento del empleo.

Asimismo, se establece la comunicación previa de inicio de actividad, que permitirá al empresario iniciar directamente su actividad sin necesidad de tener que esperar a las autorizaciones o licencias de la Administración.

Según la nota, por acuerdo de Gobierno se deberá determinar ahora qué actividades económicas, empresariales o profesionales deben ajustarse a este procedimiento.

Finalmente, se determina el plazo máximo de tres meses para dictar y notificar resolución expresa en el correspondiente procedimiento en materia de agilización de las subvenciones tramitadas por el Servicio Canario de Empleo.

Marrero informó también del cese como consejero de la Autoridad Portuaria de Tenerife del presidente del Cabildo de La Palma, José Luis Perestelo, que dijo que ha sido a petición propia, y de su sustitución por la consejera de la corporación insular María Guadalupe González Taño.

El Consejo aprobó además en su reunión el proyecto de decreto que regula los registros de profesionales sanitarios de Canarias, prorrogar el programa para potenciar las zonas comerciales abiertas de Canarias en 2009, con 3,96 millones de euros, y elevar al Consejo Consultivo de Canarias las modificaciones necesarias para que no tributen los biocarburantes mezclados con gasolinas y gasóleos.

El Gobierno acordó, entre otras cuestiones, destinar 4,7 millones de euros a los servicios de vigilancia de los centros de ejecución de medidas judiciales.