La Fiscalía aboga por reformar el artículo 61 de la Ley de Régimen Local

Madrid.-  La Fiscalía entiende que una reforma del artículo 61 de la Ley de Bases del Régimen Local permitiría expulsar de los Ayuntamientos a las formaciones políticas vinculadas a una organización terrorista cuando, como sucede en el caso de ANV, esos partidos sean ilegalizados después de constituirse el consistorio.

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(EFE)

El ex alcalde de Azpeitia Iñaki Errazkin (i), de ANV, conversa con su sucesor en el cargo, Julian Eizmendi (PNV), tras la votación celebrada en enero después de un atentado de ETA en esta localidad guipuzcoana.

Así lo han informado a Efe fuentes del Ministerio Público consultadas después de que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, anunciara esta mañana en el Senado que esa reforma de la Ley de Régimen Local sería una "posible y sencilla" solución legislativa y la "única constitucionalmente viable".

El artículo citado establece que el Consejo de Ministros "podrá proceder, mediante real decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales".

El punto segundo de ese precepto señala que se considerarán "gravemente dañosos" los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales "que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares".

La Fiscalía, que no ha planteado oficialmente la propuesta de reforma legislativa, entiende que bastaría con añadir a ese punto como causa de disolución la de que un Ayuntamiento esté gobernado por una mayoría de concejales pertenecientes a un partido político ilegalizado con posterioridad a la constitución del mismo.

La reforma de la Ley de Régimen Local es una de las medidas que el Gobierno barajó antes de las últimas elecciones municipales, cuando la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega aseguró al inicio de la campaña electoral que el Ejecutivo trabajaba ya en la búsqueda de una fórmula para impedir que una organización ilegalizada pueda gobernar en las alcaldías.