El vicepresidente de Perú dice que hay ONG que se lucran con denuncias a las fuerzas armadas

Lima.-  El vicepresidente primero de Perú, Luis Giampietri, afirmó hoy que hay organizaciones no gubernamentales que se lucran al promover el enjuiciamiento de los militares que rescataron, hace exactamente 12 años, a decenas de secuestrados por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

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(EFE)

El primer vicepresidente peruano, Luis Giampietri, dijo que "aquellos que se lucran con el ataque a las FF.AA. siguen buscando cómo sacar provecho económico porque no tienen otro fin". EFE/Archivo

En una ceremonia de conmemoración por la operación de rescate "Chavín de Huántar", Giampietri dijo que "aquellos que se lucran con el ataque a las Fuerzas Armadas, como son estas ONG, siguen buscando cómo sacar provecho económico porque no tienen otro fin".

En opinión del vicealmirante retirado, que también fue uno de los rehenes del MRTA, las acciones promovidas por algunas ONG defensoras de los derechos humanos están basadas en "la acusación maligna de una persona que fue rescatada, como todos nosotros, y que debería estar agradeciendo lo que hicieron".

La declaración del diplomático japonés Hidetaka Ogura, tras el rescate de los rehenes de la residencia del embajador japonés en Lima, el 22 de abril de 1997, dio lugar a una serie de denuncias contra los militares por presuntas ejecuciones extrajudiciales de, al menos, tres de los secuestradores.

La operación culminó con el rescate con vida de 71 de los rehenes, entre peruanos y japoneses, y la muerte de un cautivo, dos militares y los 14 secuestradores, incluido su entonces máximo líder, Néstor Cerpa.

Ogura afirmó haber visto a tres de los "emerretistas" con vida tras el rescate militar de la casa diplomática, pero luego aparecieron muertos en el reporte oficial del operativo.

Giampietri, un ex oficial de la Marina especializado en inteligencia y fuerzas de operaciones especiales, expresó que "es increíble" que las ONG que promueven esas denuncias "piden ahora que la Corte Interamericana de Derechos Humanos indemnice a los terroristas muertos en la residencia del embajador de Japón".

La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) demandó al Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2007 a raíz de un fallo en la justicia local que exculpó a los militares de las acusaciones.

La CIDH sometió el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que planteó al Estado peruano un nuevo proceso contra los implicados y el pago de indemnizaciones a los deudos de los "emerretistas" muertos.

Sin embargo, el fallo fue rechazado por el Gobierno peruano y aún no hay una salida concertada.

Giampietri insistió en que se detengan las investigaciones judiciales y pidió al Poder Judicial y al Ministerio Público (Fiscalía) que "recapaciten" porque, dijo, se tiene "al frente una operación gloriosa, heroica, indiscutiblemente limpia; una operación que se enseña en todas las escuelas de guerra".

El vicepresidente fue el principal orador en la ceremonia de conmemoración del rescate, organizada por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en una réplica de la residencia japonesa construida en una base militar de Lima.