El gobierno venezolano niega que el caso "Rosales" sea político y que haya orden de captura

Caracas.-  El gobierno venezolano negó hoy que el proceso judicial contra el dirigente opositor Manuel Rosales tenga connotaciones políticas y aclaró que, de momento, no hay ninguna orden de captura en su contra.

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(EFE)

"Quiero ser enfático en aclarar que a Rosales se le señala por presuntos delitos contemplados en la Ley contra la Corrupción y negamos que sea un perseguido del Gobierno y que los delitos que se le imputan sean de naturaleza política", dijo Tarek El Aissami. EFE/Archivo

"Quiero ser enfático en aclarar que a Rosales se le señala por presuntos delitos contemplados en la Ley contra la Corrupción y negamos que sea un perseguido del Gobierno y que los delitos que se le imputan sean de naturaleza política", dijo a la prensa el ministro venezolano del Interior, Tarek El Aissami.

El ministro añadió que será el Ministerio de Relaciones Exteriores el que deberá pronunciarse sobre la situación generada con Perú luego de que Rosales pidió asilo territorial en ese país bajo el alegato de ser un perseguido político.

El Aissami explicó que, antes de su fuga, Rosales "no tenía prohibición de salida del país ni orden de detención", ya que solo había sido citado por el tribunal para que respondiese por las imputaciones que le hace la Fiscalía.

Añadió que al no presentarse a esa citación el pasado 20 de abril su situación desde el punto de vista jurídico pasó a ser la de "prófugo" y resaltó que le corresponderá al poder judicial ordenar su captura en el caso de que se den las circunstancias exigidas.

El tribunal que conoce esta causa citó de nuevo a Rosales para que el 11 de mayo refute una acusación de la Fiscalía según la cual obtuvo 147.389,97 bolívares (68.500 dólares) de manera ilícita durante su gestión como gobernador del estado de Zulia de 2002 a 2004.

El Asissami dijo el martes que si tampoco se presenta a la segunda citación "sería un prófugo de la justicia y en consecuencia se activarán los mecanismos legales para su captura internacional".

Medios periodísticos aseguran que Rosales salió de Venezuela el 28 de marzo y llegó a Lima el 4 de abril, donde se ha reunido con otros "prófugos" venezolanos como Carlos Ortega, ex presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), y Eduardo Lapi, ex gobernador del estado de Yaracuy.

Los mismos medios aventuran que entre el día de su salida de Venezuela y el de llegada a Perú, Rosales pudo haber hecho escalas en Aruba, Panamá y Colombia, durante las que gestionó los últimos trámites para su asentamiento en Lima.

El diputado oficialista Mario Isea, que dirigió la investigación de la Asamblea Nacional sobre las presuntas irregularidades cometidas por Rosales durante su gestión como gobernador del estado de Zulia, dijo hoy que eligió Perú y no Estados Unidos para refugiarse porque "en EE.UU lo tendría más complicado ya que debería explicar el origen de sus propiedades".

Isea presentó ante la Fiscalía documentos del Sistema de Acceso Público de la Secretaría de Estado de Florida (EE.UU.), con los datos de registro, actas constitutivas y estatutos de 14 compañías y 7 viviendas que, dijo, pertenecen a Rosales, familiares y allegados.

El actual proceso es independiente de otras 26 denuncias en su contra que procesa la Fiscalía relacionadas con la posesión de bienes millonarios tanto en Venezuela como en el extranjero obtenidos con fondos que no ha podido justificar.

Tanto Rosales como su esposa, Evelyn Trejo, y Omar Barboza, presidente del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), del que es líder Rosales, aseguran que las acusaciones son un montaje para justificar lo que consideran una "persecución política" del alcalde de Maracaibo.