Lima.- El Gobierno peruano analizará mañana el pedido de asilo presentado por el líder opositor venezolano Manuel Rosales, informó hoy el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon.
El jefe del gabinete declaró a la emisora Radioprogramas del Perú (RPP) que el tema se estudiará en el consejo de ministros y será el ministro de Exteriores, José García Belaunde, quien informará sobre el tema.
"Mañana veremos, si está en su derecho le tendrá que corresponder y si está en la ley uno no puede negar tampoco el asilo, pero eso le corresponde a Relaciones Exteriores y mañana nos informarán", comentó Simon.
El abogado de Rosales, el peruano Javier Valle Riestra, consideró hoy que el Gobierno de su país "estará a la altura de su tradición" y asilará al líder de la oposición venezolana.
Valle Riestra, quien es parlamentario del gobernante Partido Aprista Peruano (PAP), recordó que Perú tiene una larga tradición vinculada con el asilo y que muchos de los líderes del partido gobernante recurrieron a él, incluido su fundador, Víctor Raúl Haya de la Torre, y el actual presidente peruano, Alan García.
Para el jurista existe clara evidencia de que el alcalde de la ciudad venezolana de Maracaibo es un perseguido político y recordó que el presidente venezolano, Hugo Chávez, ha declarado en numerosas oportunidades que iba "a meter preso" al líder opositor.
Valle Riestra señaló que, desde el momento de presentada la solicitud, Rosales está bajo protección de las autoridades peruanas.
Manuel Rosales es procesado en Venezuela por un presunto caso de corrupción que él considera un "juicio político" y se encuentra en Lima en un lugar desconocido, a la espera de que se resuelva su solicitud.
Tras enterarse de su presencia en Lima, el Gobierno de Chávez le advirtió que se convertirá en prófugo de la justicia penal, si se niega a demostrar su inocencia en el juicio que afronta por corrupción.
La Fiscalía venezolana acusó en marzo pasado a Rosales de enriquecimiento ilícito durante el período 2002-2004, cuando era gobernador de Zulia, un delito que acarrea penas de entre tres y diez años de cárcel.
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