Madrid.- La Universidad española se comporta de manera "brillante" en la investigación y en la transferencia tecnológica, aunque ha bajado su valoración como motor de desarrollo económico, y se necesita prestar más atención a la función docente, la inserción laboral de los titulados y la gobernanza universitaria.
La presidenta de la Fundación CYD, Ana Patricia Botín, interviene durante el acto de presentación del informe "La Contribución de las Universidades Españolas al Desarrollo", que ha tenido lugar en la Casa de América de Madrid.
Son conclusiones del V Informe (2008) de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) "La contribución de las universidades españolas al desarrollo", presentado hoy, que se basa en datos oficiales de años anteriores y en una encuesta propia entre expertos universitarios, empresariales y de la administración pública.
Según el tercer "Barómetro CYD", la valoración de la contribución universitaria al desarrollo económico ha bajado de 4,04 a 3,37 puntos (sobre un máximo de 5) en comparación con 2007, si bien la consideración de la transferencia tecnológica a las empresas pasa de 3,96 a 4,30.
En relación con la autonomía y el gobierno de las universidades, el informe reclama mayor profesionalización e independencia, mayor protagonismo y autonomía de los órganos individuales de gobierno y mayor presencia y más atribuciones de representantes externos a la universidad en los órganos colectivos, incluso un modelo general que pudiera adaptar luego cada comunidad autónoma de acuerdo con sus universidades.
Todo ello facilitaría la toma de decisiones, se favorecería la rendición de cuentas, reducir la endogamia y fomentar las relaciones con agentes económicos y sociales.
Se llega a proponer que el rector pueda ser ajeno a la universidad, ni siquiera pertenecer al mundo académico, y que éste fuera designado o destituido por unas juntas o consejos de gobierno formadas de manera "creciente" por miembros externos.
"Las universidades tienen alta capacidad para definir sus estrategias, pero baja para implementarlas", ha indicado en rueda de prensa Fracesc Solé, catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña y uno de los supervisores del informe.
En este sentido, se ha referido a las "barreras" con que se encuentran algunas universidades para implantar el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
El documento reconoce el esfuerzo de adaptación del EEES que hacen las universidades, aunque se matiza que en España se ha generado "demasiada confusión" en torno a este proceso, lo que "evidencia" la falta de reformas de base y las resistencias que origina todo intento de cambio.
Así, se defiende un acuerdo sociopolítico en torno al nuevo modelo de universidad.
En cuanto a los resultados académicos universitarios, el director del informe, Martí Parellada, ha señalado que "no son independientes" de lo que ya ocurre en las etapas no universitarias, en alusión a los déficits de formación de edades preuniversitarias.
Ha señalado las "elevadas tasas" de abandono universitario (entre el 30 y el 50 por ciento de los alumnos según cálculos ministeriales) y el "largo" tiempo que se dedica a aprobar los estudios superiores en comparación con el número de cursos teóricos en que se estructuran.
La tasa de graduación en 2006 fue del 33 por ciento de todos los alumnos universitarios que teóricamente deberían haber completado los estudios ese año.
La atracción de estudiantes extranjeros también es escasa, un 1,8 por ciento de todos los matriculados, frente al 8,5 por ciento de la media de la OCDE.
El pleno empleo se da prácticamente entre los doctores, pero sólo el 60 por ciento de éstos cree que su trabajo es afín a sus estudios.
En 2006, el desempleo de los graduados españoles era superior al de cualquier país del G-7 y su diferencia salarial con titulados de nivel inferior era también más baja, aunque esto también es achacable al marcado laboral.
El número de estudiantes universitarios baja progresivamente, no sólo por motivos demográficos, al contrario que ocurre en la OCDE, y esto acabarán "repercutiendo" en el capital humano, ha dicho Parellada.
Otra de las carencias detectadas es la "elevada" edad media del profesorado, especialmente de los catedráticos (55,4 años), además de una presencia "limitada" de mujeres.
Por ello, se proponen planes de jubilación anticipada, más independencia y agilidad en la contratación del profesorado, esquemas flexibles de retribución, más libertad para distribuir el tiempo de trabajo entre docencia, investigación y gestión, y movilidad interuniversitaria, entre universidades y empresas y entre países.
El informe será presentado esta tarde en un acto público en el que intervendrán los ministros de Educación, Ángel Gabilondo, y Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, y la presidenta de CYD, Ana Patricia Botín.
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