Zaragoza.- El Pleno de las Cortes ha rechazado hoy, con los votos en contra de PSOE y PAR, una proposición no de ley del PP en la que se censuraba la actuación del Ejecutivo en la subasta de dos piezas de patrimonio aragonés, un retablo del castillo de Benabarre y una tabla del retablo de Lanaja.
La consejera de Educación, Cultura y Deporte, María Victoria Broto, atiende a los medios de comunicación. EFE/Archivo
Con su proposición, sólo apoyada por CHA, el PP ha pedido la reprobación de la consejera de Educación y Cultura, María Victoria Broto, y del viceconsejero de Cultura, Juan José Vazquez, por su incompetencia y pasividad en la defensa del patrimonio aragonés.
El PP se refería, concretamente, a la adquisición en subasta, por parte de la Diputación de Lleida, de un retablo del siglo XV del pintor gótico Pedro García, originalmente procedente de la capilla del castillo de Benabarre, por 22.000 euros, así como a la subasta a la que no concurrió el Gobierno de una tabla del siglo XV atribuida a Blasco de Grañén y que fue adquirida por un desconocido.
Para el PP, estos hechos ponen de manifiesto que no existe una política cultural en el Gobierno de Aragón y la "incapacidad" del Ejecutivo para adquirir y proteger las piezas del patrimonio artístico aragonés.
El diputado socialista Carlos Álvarez ha defendido las gestiones del Gobierno de Aragón y ha insistido en que el Ejecutivo "no puede estar dispuesto" a pagar "cualquier precio" por piezas de arte, y debe observar criterios como "la necesidad, la oportunidad y la calidad" de las mismas.
En el caso de la tabla de Grañén, ha dicho, ésta estaba "en muy mal estado" y ni siquiera era un retablo entero, sino un fragmento retocado, repintado y manipulado que los técnicos de la DGA tasaron, como máximo, en 25.000 euros, y que fue vendido finalmente por 85.000.
En el caso del retablo del castillo de Benabarre, ha explicado la diputada del PAR María Herrero, la casa de subastas que gestionó su venta "ni siquiera" informó al Gobierno, como era su obligación, del trámite.
Antonio Torres (PP) ha comparado el precio conjunto de la adquisición de las dos piezas (95.000 euros) con los 600.000 que ha invertido el Gobierno en la campaña publicitaria de promoción del Estatuto de Autonomía, y ha apuntado que la adquisición de estas piezas hubiera tenido más relevancia y hubiera afectado más al orgullo de los aragoneses que la propia campaña publicitaria.
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