Representantes de empresas constructoras niegan su participación en la trama urbanística de Librilla

Murcia.-  Los representantes legales de la empresa "Topomur SL" Francisco Julián Mena y de "Asotec Ingenieros SL" Francisco Javier Conejo, negaron ayer la participación de estas entidades en la presunta trama de corrupción urbanista de Librilla.

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(EFE)

El alcalde de Librilla, José Martínez García (d), es custodiado por un miembro de la Guardia Civil después de que el juez dictara el pasado mes de noviembre prisión provisional sin fianza por su supuesta implicación en una presunta trama de corrupción urbanística. EFE/Archivo

Tanto Mena como Conejo aseguraron, durante los interrogatorios a los que fueron sometidos ayer, junto con otros imputados, en el juzgado de instrucción número 6 de Murcia, que investiga las supuestas adjudicaciones de obras municipales a la empresa Acadi, y que acabaron pasada la una de la madrugada, que la actuación de sus empresas estuvo siempre dentro de la legalidad.

Sin embargo, el auto judicial por el que se ordenaba que prestaran declaración como imputados, notificado el pasado 3 de abril, señalaba que estas mercantiles pueden haber contribuido "de manera decisiva en la consecución de una falsaria apariencia de limpieza y legalidad del proceso de contratación".

Añadía que este comportamiento podía haberse hecho "en connivencia con el entorno del también imputado Domingo Peñalver, con la contraprestación económica correspondiente".

Con anterioridad a estos empresarios fue interrogado el propio Peñalver, quien cuando declaró en una primera ocasión al destaparse esta presunta trama urbanística, reconoció haber hecho entrega de "importantes cantidades de dinero" a varios imputados, entre ellos el alcalde de Librilla, José Martínez.

En esta segunda ocasión, Domingo Peñalver, además de ser interrogado sobre las nuevas investigaciones llevadas a cabo con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), fue sometido a una prueba caligráfica.

Esta prueba, acordada por el juez instructor, tiene como finalidad determinar si es suya la firma que aparece en un documento privado en el que otro de los imputados, José Luis Cano, le vendió el 50 por ciento de las acciones de Acadi, la empresa que resultaba adjudicataria en la practica totalidad de los concursos de obras convocados tanto por el ayuntamiento como por la empresa municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL).

Domingo Peñalver negó en su primera declaración en el juzgado que esa firma fuera suya, pero anoche se retractó de estas manifestaciones y la reconoció como propia.

Ante este cambio en su declaración, el juez acordó practicar la prueba caligráfica para que los peritos acrediten si la firma es realmente suya a no.

En esta causa judicial, incoada por las supuestas adjudicaciones ilegales de obras a la empresa Acadi, figuran ya como imputadas un total de 21 personas entre las que se encuentran, entre otras, el alcalde de Librilla, José Martínez; el concejal de Urbanismo, Pedro Martínez; el abogado Cesáreo Gil de Pareja; y el funcionario de la Comunidad Autónoma en excedencia José Luis Cano.