El Ayuntamiento pide a la sociedad Parque Marítimo la reapertura de la zona de piscinas

Santa Cruz de Tenerife.-  El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pidió hoy a la sociedad que gestiona el Parque Marítimo que ponga en funcionamiento la zona de piscinas, lo que permitirá la apertura de este centro de ocio, cerrado desde la pasada semana.

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(EFE)

El acuerdo, que figura en una moción presentada por el grupo Socialista, fue acordado por unanimidad aunque el alcalde de la ciudad, Miguel Zerolo (en una imagen de archivo), indicó que esta comisión no podrá adoptar ninguna medida hasta que el Gobierno central no realice el desarrollo reglamentario de la ley de Memoria Histórica.

La petición del pleno figura en un acuerdo aprobado por todos los grupos municipales tras el debate de dos mociones, una de Ciudadanos de Santa Cruz y otra del PSOE, en las que se requería que el Ayuntamiento recuperara la explotación de las instalaciones del parque y convocase un nuevo concurso público.

El alcalde de la ciudad, Miguel Zerolo, indicó que esta posibilidad no era viable salvo que el propio concesionario voluntariamente lo decidiera o que la justicia adoptara una decisión al respecto.

Zerolo recordó que la sociedad que se creó para gestionar el parque marítimo y que después otorgó la concesión a la empresa Santa Cruz Park Tenerife, que lleva doce años explotando el parque, ha denunciado a este empresa por el impago del canon que debe pagar por la explotación de las piscinas, de un restaurante y de una cafetería.

El alcalde señaló que a lo largo de los últimos años el funcionamiento de este espacio de ocio ha sido satisfactorio y recordó la denuncia presentada por el abogado Felipe Campos al entender que determinadas actividades que se estaban realizando en el Parque Marítimo no tenían la licencia pertinente.

Zerolo agregó que la Gerencia de Urbanismo comprobó que no existían licencias para la realización de determinadas actividades y tras imponer la sanción pertinente, requirió al arrendatario que presentara los permisos, expediente que se encuentra en fase de tramitación.

El portavoz del grupo Socialista, José Ángel Martín, dijo que desde julio de 2008 el arrendatario no paga el canon, lo que, a su entender, es motivo suficiente para que se pueda denunciar el contrato y convocar un nuevo concurso público.

Martín señaló que la empresa Santa Cruz Park está en quiebra a pesar de los ingresos millonarios que ha tenido en estos años por la realización de actos sin licencias, entre ellos fiestas y actos políticos, por los que el Ayuntamiento no ha recibido ni un solo euro.

En la actualidad, dijo Martín, el parque se encuentra cerrado y los trabajadores sin sus empleos y advirtió también sobre los establecimientos que se encuentran a su alrededor y que tampoco tienen la licencia para las actividades que están desarrollando.

Tanto el Martín como los concejales de Ciudadanos por Santa Cruz, Ángel Isidro Guimerá y Guillermo Guigou, compartieron que en el interior del parque se puedan realizar otro tipo de actividades pero para ello, aclararon, es necesario tener los permisos y que el ayuntamiento reciba una compensación económica.

Ángel Isidro Guimerá indicó que es evidente que la actual situación es de ilegalidad y respecto al expediente que tramita la gerencia de Urbanismo, opinó que no son actividades legalizables, dado que no forman parte del contrato de arrendamiento y además estimó que no puede premiar a una empresa que ha actuado con ilegalidad.

Guimerá afirmó que ante la cercanía del verano, el centro no puede permanecer cerrado y señaló que no se puede esperar hasta que en julio se celebre el juicio para decidir acerca de la apertura de este centro.

En el acuerdo adoptado hoy el Ayuntamiento pide a la empresa concesionaria que garantice los puestos de trabajos y requiere a la sociedad formada por el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria que realice un nuevo concurso público en cuanto la legalidad lo permita bien por decisión judicial o porque finaliza el contrato.

El pleno rechazó la moción del grupo Socialista en la que se pedía que el Ayuntamiento iniciara una investigación con carácter retroactivo de las actividades que se han realizado en el Parque Marítimo y que se investigue la legalidad de los negocios que están instalados en un suelo público anexo al Parque.