Madrid.- La acusación popular en la causa que investiga el juez español Fernando Andreu sobre un ataque israelí en la franja de Gaza el 22 de julio de 2002, en el que murió un líder de Hamás y 14 civiles, rechaza, en contra del criterio del fiscal, que Israel haya investigado estos hechos.
El juez español Fernando Andreu. EFE/Archivo
La postura de rechazo de la acusación popular consta en el escrito de alegaciones que la Asociación Al-Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe han presentado al juez para que desestime la petición de archivo de la causa que hizo la Fiscalía.
La Fiscalía realizó su petición al considerar que de la documentación facilitada por Israel se desprende que aún se están investigando estos hechos.
Las asociaciones que ejercen la acusación popular critican al fiscal Pedro Martínez Torrijos porque, en su opinión, avaló con su informe la decisión de la Fiscalía israelí de no investigar estos hechos por considerar que se trata de una acción militar "ajustada a Derecho".
En sus 36 páginas de alegaciones, la acusación popular lamenta que la Fiscalía de la Audiencia Nacional española defienda esta decisión que implica "no investigar a los responsables de esta matanza desproporcionada e indiscriminada".
El juez Fernando Andreu comenzó a investigar estos hechos al admitir a trámite el pasado enero la querella interpuesta por el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR, por sus siglas en inglés) contra el ex ministro Defensa de Israel Benjamín Ben-Eliezer y seis militares.
Un mes después, Andreu, que había pedido información al Gobierno de Tel Aviv sobre este ataque, decidió seguir investigando porque, según informaron entonces fuentes jurídicas, de la documentación enviada se extraía la conclusión de que en Israel nunca tuvo lugar una investigación judicial, por lo que el juez se consideró competente para seguir adelante con la instrucción.
Sin embargo, según la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en Israel ha habido tres investigaciones: una llevada a cabo por el Fiscal General Militar, otra por el Fiscal General del Estado de Israel y una tercera revisión judicial del Tribunal Supremo de aquel país que aún "se encuentra pendiente de decisión".
Esto, según el fiscal, impide a España abrir una investigación paralela a la que, a su juicio, se está llevando a cabo en Israel.
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