Zaragoza.- El Gobierno central destinará este año 11,38 millones de euros para financiar la Ley de Dependencia en Aragón, 1,8 millones más que en el anterior ejercicio, lo que supone un incremento de cerca de un 19 por ciento.
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, presidió hoy por primera vez el Consejo Territorial de Dependencia, que debatió el reparto de los fondos (1.558 millones de euros) entre las comunidades autónomas para desarrollar la ley de dependencia.
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha anunciado hoy que las comunidades autónomas recibirán un 20 por ciento del fondo acordado por el Gobierno para financiar la ley de Dependencia en función del número de personas evaluadas a fecha del pasado 1 de abril.
Esta decisión ha sido aprobada hoy por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, al que ha asistido la consejera de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón, Ana Fernández, y en el que se ha debatido la distribución de este fondo, que este año asciende a 283,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 17,5 por ciento respecto al 2008.
En la distribución del 80 por ciento restante se tiene en cuenta la población, el número de beneficiarios, la renta y las pensiones medias, la dispersión de la población, la superficie de cada región, la insularidad o los emigrantes retornados.
De acuerdo con el reparto, Aragón incrementa, de nuevo, su participación en este fondo respecto a 2008, hasta alcanzar el 4,01 por ciento.
De esta forma, la Comunidad Autónoma recibirá del Gobierno central en este concepto 11,38 millones de euros, casi un 19 por ciento más que en el ejercicio anterior, incremento que se traduce en 1,8 millones de euros más, ha informado el Gobierno aragonés en un comunicado.
Esta cantidad se suma a los casi seis millones de euros que se han recibido en los dos primeros meses del año y que corresponden al mínimo garantizado por parte del Estado (y que responde a los hasta 263,93 euros mensuales que destina a las CCAA por persona valorada como gran dependiente y dependiente severo, en virtud del Real Decreto que regula el nivel mínimo de protección del sistema).
Además se suman los más los 15 millones de euros del Fondo especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo (PlanE) destinados a dependencia.
Para definir la distribución de estos fondos, se ha tenido en cuenta la estimación de personas dependientes, la dispersión de la población, la insularidad y los emigrantes retornados de cada Comunidad Autónoma, así como otros factores incluidos en la Comisión Delegada del Consejo Territorial.
El 80 por ciento de la financiación se distribuye en dos fondos, uno general que, a su vez, se divide en dos tramos: por un lado, el que tiene en cuenta la población y otros criterios (supone el 85 por ciento del total) y otro que, en la actualidad, se refiere al número de beneficiarios (el 7,5 por ciento).
Otro fondo adicional (el 7,5 por ciento restante) tiene en cuenta la renta y las pensiones medias.
El 20 por ciento de la financiación restante del crédito se realizará en base al número de personas reconocidas como dependientes con derecho a prestación y registradas en el SISAAD a 1 de abril de 2009.
En este sentido, el Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón ha informado de que solicitó en el pasado ejercicio que se incrementara la ponderación de las personas beneficiarias del sistema en el porcentaje de financiación (frente a las potenciales), petición que se ha tenido en cuenta con la introducción del número de beneficiarios con derecho a prestaciones como criterio a la hora de distribuir el crédito.
De esta manera, según el Ejecutivo aragonés se beneficia a las CCAA que han trabajo de forma más rápida en la puesta en marcha y aplicación de la Ley de Dependencia, basándonos en la población dependiente real , ha comentado la consejera.
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