Ibiza.- Antoni Torres, el fiscal que investiga el presunto caso de corrupción urbanística en el que está acusado el ex arquitecto municipal de Sant Josep de sa Talaia, Antonio Huerta, ha afirmado que no descarta "nuevas detenciones".
En la imagen de archivo, la Guardia Civil registra las dependencias del Ayuntamiento de Sant Josep (Ibiza), acción relacionada con la gestión del ex arquitecto municipal Antoni Huerta, imputado por varios delitos de corrupción urbanística.
En declaraciones a los medios, Torres ha asegurado hoy que, en estos momentos, se está estudiando la documentación intervenida el pasado mes de octubre en el domicilio del arquitecto.
Se trata de una documentación que hace referencia a "temas de licencias" y que, según Torres, son papeles "importantes", "relevantes", "pertinentes" y "útiles".
El fiscal ha explicado también que, de momento, Huerta no está citado de nuevo a declarar y que se le llamará cuando sea necesario, "a medida que entren nuevas pruebas".
Antonio Huerta Briz se encuentra en libertad provisional tras pagar una fianza de 100.000 euros el pasado 20 de marzo.
Huerta ingresó en prisión de forma provisional y sin fianza en octubre de 2008 como consecuencia de la "Operación Pitiusa", en la que se detuvo también su esposa, su hijo y su nuera.
A Huerta se le imputan siete delitos, como malversación, cohecho y blanqueo de capitales.
Presuntamente, Huerta era la piedra angular de una trama de corrupción urbanística en la que éste usaba su cargo de arquitecto municipal de Sant Josep para otorgar proyectos a la sociedad de su nuera, también arquitecta, Pilar Fernández.
El arquitecto ha respondido hoy ante el juez por una licencia otorgada por él mismo en 2004 para una reforma en una casa situada en la reserva del parque natural de ses Salines.
Según ha explicado Torres, en el informe que el arquitecto emitió en 2004 se habla de una "ampliación" que no contaba con la licencia preceptiva, si bien la misma -según Torres- "no está claro" que se llevase a cabo.
Huerta ha declarado hoy que, en todo caso, pudo darse una confusión en la redacción al utilizar el termino "ampliación", pero que lo que se llevó a cabo fue una "reforma".
Según Torres, Huerta ha insistido en que en su actuación "todo es legal" y que actuó según la licencia otorgada en 2004, donde se hacía referencia a cambio de baldosas, enlucido de paredes y cambio de porche.
El dueño de la propiedad también ha declarado como imputado y ha afirmado que lo que se llevó a cabo en 2004 fue una reforma.
Ha asegurado, sin embargo, que no sabe con qué licencias contaba y que se limitó a firmar lo que su arquitecto le presentó.
La casa, finalmente, sí sufrió una ampliación en 2007 para la que no contaba con la licencia preceptiva.
En ese momento, sin embargo, Huerta ya había abandonado el cargo municipal, por lo que no estaría implicado.
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