Madrid.- El equipo de abogados españoles que defenderá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a las víctimas del "feminicidio" en Ciudad Juárez pedirá que se reconozca la responsabilidad del Estado mexicano en la situación que viven las mujeres en esa localidad del norte de México.
El abogado español Emilio Ginés, durante la rueda de prensa ofrecida hoy en Madrid.
Los letrados, encabezados por Emilio Ginés, viajarán a Santiago de Chile, ciudad donde el próximo día 28 tendrá lugar la vista en la CIDH, comisionados por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).
Junto a Ginés colaborarán en la defensa de las víctimas del "femimicidio" (asesinato sistemático de mujeres), José María Prat, consejero de la CGAE, y la presidenta de la Confederación Española de Abogados Jóvenes, Mayte López.
El chileno Héctor Faúndez, letrado y catedrático de derecho internacional, formará parte también del equipo jurídico, que trabajará en colaboración con abogados mexicanos.
En rueda de prensa en la sede de la CGAE en Madrid, los miembros del equipo jurídico ofrecieron hoy detalles de la defensa que llevarán a cabo en favor de los derechos de tres víctimas del conocido como "caso del campo algodonero".
El nombre hace referencia al lugar de Ciudad Juárez en el que fueron encontrados los cadáveres de ocho mujeres en noviembre de 2001.
Los cuerpos de casi todas las víctimas, entre las que se encontraban dos menores, presentaban signos de violación y malos tratos y tenían las manos atadas a la espalda.
De las ocho, "sólo se pudo identificar a tres", indicó Ginés, y en base a ellas y a los datos aportados por sus familiares, "hemos levantado los argumentos en los que se va a basar su defensa".
Una defensa que, destacó, "se hace extensible a todas las mujeres víctimas de la violencia de Ciudad Juárez, de toda Latinoamérica, de España, Europa y el mundo".
El pasado mes de diciembre el abogado español se reunió en la ciudad del norte de México con Marisela Ortiz, responsable de "Nuestras hijas de regreso a casa", organización constituida por familiares y amistades cercanas a las jóvenes asesinadas y desaparecidas.
Junto a ella y a las madres de las víctimas del "campo algodonero", el letrado español dijo "sentir la necesidad personal de actuar como abogado en Juárez", ante la "tremenda situación que allí se vive".
En Caracas, el equipo jurídico español se reunió después con Héctor Faúndez, experto en derecho internacional, para plantear la defensa que llevarán a cabo ante la Corte.
En declaraciones a la prensa, Faúndez señaló hoy en Madrid que la sentencia ideal sería, primero, "que se establezca la responsabilidad internacional del Estado de México en cuanto a la violación de su obligación de respetar y garantizar la vida" de las mujeres de Ciudad Juárez.
Indicó que igualmente sería razonable que se reconozca que, en el caso de las víctimas del "campo algodonero", "ha habido una negación del acceso a la Justicia para sus familiares" y, por último, que se admita la "violación de las obligaciones que todos los estados tienen de dar protección a la mujer".
Se espera también que el tribunal dicte una serie de medidas de reparación para las familias de las jóvenes asesinadas "de carácter pecuniario", lo que supondría el pago de indemnizaciones, aunque, a juicio de Faúndez, éstas "no serían tan importantes como el reconocimiento internacional a las víctimas".
Tras la audiencia ante la Corte, en la que por primera vez se escuchará a los familiares de las víctimas de Ciudad Juárez en un tribunal internacional, se establecerá un plazo de 40 días para presentar argumentos escritos finales.
Se espera que haya una sentencia para finales de año o, "a más tardar para enero o febrero de 2010", señaló el abogado chileno.
Desde 1993, más de 500 mujeres han sido asesinadas en esa ciudad mexicana limítrofe con El Paso (Texas, EEUU), sin que, en la mayoría de los casos, se hayan aclarado las circunstancias ni la autoría de los crímenes.
Ciudad Juárez está considerada la localidad más violenta de México, por los más de 1.600 asesinatos que dejó la acción del crimen organizado en 2008.
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