Pamplona.- Izquierda Unida de Navarra (IUN-NEB) ha señalado hoy que el proyecto de ley de vivienda del Ejecutivo foral presenta "elementos de ilegalidad", por lo que solicitará informes jurídicos de los servicios de la Cámara y, "en caso de que se apruebe tal y como está establecido, recurriremos a los Tribunales".
El coordinador de IU en Navarra, José Miguel Nuin. EFE/Archivo
Así lo ha anunciado hoy la coalición en una conferencia de prensa en la que, además, ha indicado que han presentado una enmienda a la totalidad con texto alternativo al proyecto de Ley Foral de Medidas Urgentes en Materia de Urbanismo y Vivienda, al considerar que "no responde en absoluto a su título y, desde luego, tampoco a la actual coyuntura".
Respecto a las ilegalidades advertidas por la coalición, han comunicado que solicitarán informes jurídicos de los servicios de la Cámara, "si la mayoría de grupos parlamentarios tienen a bien aceptar esta información", además de considerar que el proyecto de ley está elaborado "al dictado de constructores y promotores".
A través de una enmienda de supresión, el proyecto presentado por el Ejecutivo contempla "un incremento injustificado de la edificabilidad en un 30%, dirigida a determinados sectores y áreas urbanizadas, cuyo único beneficiario es el promotor", una medida que conlleva modificar el contenido de la actual Ley de Ordenación de Territorio y Urbanismo.
Así, han concluido que "el número máximo de viviendas previstas, ahora se modifica sobre el aumento de la edificabilidad residencial prevista en el plan", y varía de "una forma sustancial" el estándar mínimo de VPO sobre las reservas de suelo obligatorias, "a favor evidente de promotores privados".
Han calificado como de "mayor gravedad en cuanto a su ilegalidad" la Disposición Transitoria Primera, sobre los requisitos que deben cumplir las modificaciones de planeamiento que supongan incremento de la edificabilidad.
El parlamentario de IU-NEB Ion Erro ha explicado que pese a que la declaración de motivos del proyecto presenta "grandes objetivos", todo el contenido de la ley en materia de urbanismo se dirige "exclusivamente a unos pocos que, a través de su articulado, ven incrementar la edificabilidad de sus terrenos y reducir las cesiones que han de hacer a los municipios".
La coalición ha insistido en que el proyecto presentado por el Gobierno, "con la excusa de crear VPO", generará "verdaderos agujeros en la Legislación que tienen el doble objetivo de convertir vivienda libre en vivienda protegida, pero también convertir vivienda protegida en vivienda libre".
Asimismo, Erro ha sostenido que "no se trata de una ley que fomente la construcción de la vivienda protegida", y que tampoco "fomenta la vivienda protegida en régimen de alquiler ni la movilización social de la vivienda vacía".
En el capítulo de la vivienda de alquiler, IU-NEB no encuentra "ninguna medida eficaz" al respecto, ni sobre "cómo movilizar y sacar al mercado de alquiler las miles de viviendas vacías".
Respecto a la nueva tipología de vivienda libre de precio limitado, Erro ha explicado que la creación de ésta recoge "un trato fiscal privilegiado para la vivienda libre frente a la protegida", y además ha criticado "la reducción del papel sociedad pública VINSA a una función de mero gestor administrativo sin ningún papel relevante en la promoción de vivienda protegida".
Por ello, desde la coalición consideran que no está justificada la creación de una nueva tipología de vivienda libre de precio limitado en las actuales circunstancias económicas y, menos aún, "la deducción por inversión en vivienda habitual establecida".
Además, Erro ha abogado por la creación de un Aval Social para vivienda protegida, al igual que el ya existente Aval Navarra para empresas, por el que se autorizaría al Gobierno de Navarra a otorgar avales por un importe máximo global de 30 millones de euros, para la adquisición por compra-venta de cualquier tipología de VPO.
El plazo máximo de vigencia de los avales para la adquisición por compra-venta de vivienda protegida será el mimo que el de la concesión del préstamo hipotecario aplicable, y el plazo máximo de los avales para arrendamiento de viviendas de este tipo será de 5 años.
Finalmente, Erro ha calificado de "grave, mezquino e indecente" justificar el beneficio para promotores y constructores con el argumento de la creación de empleo, ya que, a su juicio, "es falso que generará más empleo, y sólo plantea la necesidad del mantenimiento de beneficios para algunos".
No obstante, el parlamentario ha señalado que sí comparten las medidas contempladas en el proyecto que hacen referencia al fomento de ayudas a la rehabilitación de viviendas, y ha abogado por que este proyecto se modifique.
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