La Paz.- El presidente de Bolivia, Evo Morales, cumplió hoy su tercer día de huelga de hambre, sin visos de solución al conflicto con sus opositores, que bloquean la aprobación de una ley para convocar a elecciones generales este año.
Después de tres días sin comer pero hidratado con agua, caramelos e infusiones de coca, Morales se sometió hoy en el Palacio de Gobierno a una revisión médica por un equipo de facultativos encabezados por el ministro de Salud, Ramiro Tapia, que le diagnosticaron una salud "estable".
"Él está estable, no ha tenido ninguna complicación", dijo Tapia, médico de profesión, al destacar que el Jefe de Estado ha mostrado una "extraordinaria vitalidad" pese a "la extrema medida" que emprendió el jueves junto a 14 sindicalistas y líderes sociales.
Los médicos han recomendado reposo a Morales que hoy fue fotografiado descansando y riendo sobre una colchoneta tendida en el suelo, hablando por teléfono pero sin hacer declaraciones a la prensa como sí lo ha hecho en las dos pasadas jornadas.
El gobernante izquierdista se ha declarado en ayuno para exigir a la oposición que apruebe la ley necesaria para celebrar los comicios del 6 de diciembre próximo, en los que se postulará a la reelección.
Las discrepancias sobre esa ley electoral se venían discutiendo en el Congreso hasta el jueves pasado cuando la oposición decidió abandonar la sesión denunciando que el oficialismo no respetó la negociación que se realizaba de forma paralela.
Las diferencias se centran en la asignación de un cupo de escaños para grupos indígenas, la validez del padrón electoral y la votación por primera vez de los bolivianos en el exterior.
De nuevo, el vicepresidente del país y presidente del Congreso, Álvaro García Linera, se vio obligado este sábado, pasado el mediodía, a aplazar hasta la noche de hoy la sesión del Congreso, como ha ocurrido desde el jueves por la ausencia de los opositores que impide el quórum.
García Linera recordó que han pasado 72 horas con un Congreso sin trabajar y 50 horas de la huelga de hambre de Morales y criticó con dureza a los legisladores opositores por no haber retornado al Parlamento, donde sí han acudido los oficialistas.
Los parlamentarios del oficialismo no han descartado la posible convocatoria de los suplentes de los opositores para sacar adelante la ley electoral, si bien para ello es necesaria una autorización de sus titulares.
García Linera ha acusado a los legisladores contrarios de buscar sabotear las elecciones de diciembre, de practicar la "flojera y la ociosidad" en sus posiciones y de haber aprovechado estos días festivos para "hacer parrilladas" en lugar de trabajar en el Congreso.
"Hay una conjura política para que no haya elecciones este año" porque los opositores se "sienten derrotados" y "le temen al voto de los bolivianos", dijo el vicepresidente.
Sin embargo, la oposición reclama que, antes de ir a los comicios de diciembre, debe revisarse el padrón electoral porque, en su criterio, tiene irregularidades que permitirán al oficialismo montar un fraude para la reelección de Morales.
García Linera ha replicado la denuncia afirmando que técnicamente es difícil actualizar el padrón al cien por cien antes de las elecciones de diciembre y, en cambio, ha acusado a la oposición de controlar las cortes departamentales electorales.
Desde la ciudad de Santa Cruz, el presidente del Senado, el opositor Óscar Ortiz, sostuvo que la oposición dialogará con el partido de Evo Morales solo si se garantizan "elecciones limpias".
Para conseguir ese objetivo, Ortiz ratificó la necesidad de tener un nuevo registro nacional de votantes y revisar la situación de quienes han usado cédulas de identidad entregadas con un programa social apoyado por el Gobierno de Venezuela, aliado de Morales.
El ex presidente y dirigente opositor de la fuerza Poder Democrático y Social (Podemos) Jorge Quiroga pidió hoy la presencia en La Paz de observadores internacionales para la reanudación de los debates en el Congreso nacional sobre la ley electoral.
En 2008, observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), de Naciones Unidas (ONU), de la Unión Europea, de varios países suramericanos y de la Iglesia Católica respaldaron los acuerdos alcanzados entonces por el partido de Morales y la oposición.
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