El temor se apodera de los guatemaltecos ante la imparable ola de violencia

Guatemala.-  El temor se ha apoderado de los guatemalteco debido a la imparable ola de violencia que a diario se cobra la vida de un promedio de 17 personas, y que el Gobierno del presidente Álvaro Colom, pese a sus esfuerzos, no ha logrado detener.

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(EFE)

Las cifras oficiales de la violencia dan cuenta de que durante el año pasado fueron asesinadas un total de 6.200 personas, es decir un promedio de 17 cada día. EFE/Archivo

Cada día es mayor el tiempo y espacios que los medios de comunicación locales dedican a informar sobre los hechos de violencia, lo que según la Liga de Higiene Mental de Guatemala, por un lado "incrementa el temor y generaliza el pánico", y por el otro "hace que nos acostumbremos a la muerte".

Para contrarrestar esos efectos, noticieros de radio y televisión realizan campañas en las que lamentan tener que informar sobre "la cruda realidad" provocada por la violencia, y por medio de las cuales declaran estar: "en contra de la violencia y el secuestro", "por un país en paz" o "no queremos más violencia, queremos vivir en paz".

Las cifras oficiales de la violencia dan cuenta de que durante el año pasado fueron asesinadas un total de 6.200 personas, es decir un promedio de 17 cada día.

Y según el procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, la "escalofriante" realidad hace temer que este año el número de muertes violentas supere los 7.000, casi el doble de los 3.300 reportados en 1983, uno de los años más cruentos de la guerra interna que padeció el país.

Aunque las mujeres y los trabajadores del servicio de transporte público fueron las víctimas más recurrentes de las agresiones que ensangrentaron a Guatemala durante el primer trimestre de este año, no hubo grupo o sector que no se viera afectado.

Ni siquiera el mismo Morales se ha librado, ya que su esposa Gladys Monterroso fue secuestrada y torturada la semana pasada por un grupo de hombres armados que la mantuvo en cautiverio durante doce horas.

Las cifras oficiales reportan más de 80 mujeres asesinadas durante el primer trimestre de este año, 20 de las cuales fueron violadas y torturadas previamente, y otras diez descuartizadas.

Según el humanitario Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), de enero a la fecha 64 trabajadores del servicio de transporte público, y al menos 26 pasajeros han sido asesinados en ataques directos o asaltos perpetrados por grupos de supuestos pandilleros juveniles.

La prensa también ha tenido bajas: el periodista Rolando Santis, del noticiero local Telecentro Trece, fue asesinado a tiros el miércoles por sicarios que atacaron el carro en el que se movilizaba.

Su cámara, Antonio de León, resultó con heridas de gravedad.

Ambos regresaban de cubrir el asesinato de un chofer del transporte público en el norte de la capital.

El Gobierno asegura que el incremento de la violencia es la reacción del crimen organizado, narcotraficantes y pandillas juveniles a los golpes que les han propinado las fuerzas de seguridad.

"Hay una guerra declarada del crimen organizado contra la sociedad guatemalteca. Hay un ataque sistemático para generar un estado de desesperación", aseguró hoy el portavoz de la Presidencia, Fernando Barillas.

El objetivo de esos grupos, precisó el funcionario, "es generar psicosis" dentro de la población para desestabilizar al Gobierno y reducir sus capacidades de combate.

La semana pasada, el presidente Colom pidió paciencia y confianza a los ciudadanos, afirmó que "esta gente (los criminales) seguirá reaccionando porque los estamos apretando", y aunque tomará tiempo, aseguró, "llegaremos hasta las raíces" de los responsables.

Los ofrecimientos del mandatario y las acciones de combate que las fuerzas de seguridad han realizado en contra de los delincuentes no han sido suficientes ni para detener los hechos de violencia ni para regresar la tranquilidad a la población.

Cada día son capturadas un promedio de diez personas señaladas por la Policía Nacional Civil (PNC) de haber participado en diversos delitos, pero la mayoría recupera la libertad dos ó tres días después, debido, según los tribunales, a que no existen suficientes pruebas en su contra.