Oviedo.- Los servicios públicos asturianos han logrado en lo que va de año que más de 230 procedimientos administrativos habituales puedan hacerse desde casa a través de internet, ahorrándoles a los ciudadanos los papeleos y desplazamientos que esto supone.
El director general para el Impulso de la Administración Electrónica del Ministerio de Administraciones Públicas, Juan Antonio Márquez, durante su intervención en la clausura de la II Convención Internacional de Derecho Informático y Nuevas Tecnologías que se ha celebrado hoy en Oviedo.
Así lo ha explicado hoy el viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos del Principado, Luis Iturrioz, en la mesa redonda sobre "Gobierno de Internet y Administración Electrónica" en la II Convención Internacional e Derecho Informático y Nuevas Tecnologías.
Iturrioz ha destacado los grandes avances logrados en este campo desde que se empezó a trabajar, hace tres años, en acercar la administración pública al ciudadano y facilitar y agilizar los trámites que se pueden realizar a través de la red.
El último de esos pasos ha sido la resolución adoptada en enero de este año por la cual la administración no puede solicitar el DNI o NIE, ni el certificado de empadronamiento a los ciudadanos que realicen sus trámites por vía electrónica, ya que gracias a la "interoperabilidad" entre administraciones estas tienen la obligación de compartir la información que poseen de los mismos.
De los 1.100 servicios que ofrece el Principado un 53 por ciento pueden realizarse totalmente por internet sin que sea necesario personarse en las dependencias de la administración, y las opciones de tramitación pasan por la oficina virtual, los cuestionarios a medida o las peticiones "self service", aunque los que piden la firma virtual son los menos utilizados.
La ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos estipula que cuando acabe el año 2009 todos los servicios de la administración, bien sea estatal, regional o local, deben ser accesibles a través de la red, según ha explicado el director general para el impulso de la Administración Electrónica del Ministerio de Administraciones Públicas, Juan Miguel Márquez.
Márquez ha indicado que esta ley crea las primeras infraestructuras y servicios comunes para todas las administraciones públicas y una plataforma de validación de documentos para la comunicación y colaboración de las instituciones.
En su opinión esto supondrá una mejora de los servicios públicos que se tornarán más accesibles, desde cualquier lugar y a cualquier hora; estarán más centrados en el ciudadano y serán más abiertos, transparentes y eficientes.
Márquez ha advertido que no habrá prórrogas en los plazos de aplicación de la ley y que esta adaptación a las nuevas tecnologías es una obligación de los servicios públicos de cara a garantizar el derecho de los ciudadanos a relacionarse, por medios electrónicos, con las administraciones.
La convención se ha clausurado hoy con la presentación de las sedes en las que tendrán lugar los próximos congresos, Montpellier (Francia) acogerá la del próximo año y las siguientes se celebrarán en Sao Paulo (Brasil), Monterrey (México) y Santiago de Cali (Colombia).
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