Aguirre estudiará la propuesta de Tomás Gómez de "adaptar" la Ley de Cajas

Madrid.-  La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha comprometido hoy con el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, a "estudiar" la "adaptación" de la nueva Ley de Cajas a los "reparos constitucionales" del Consejo de Estado y la Abogacía del Estado.

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(EFE)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (d), y el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, durante la reunión mantenida hoy en la capital para analizar la situacíón creada en Caja Madrid.

Según el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, el Gobierno regional va a "estudiar esta propuesta enmarcándola en la decisión de que haya elecciones en Caja Madrid antes de fin de año, porque lo más importante es renovar este año los órganos de la entidad".

Esperanza Aguirre y Tomás Gómez han llegado a este acercamiento un día después de que la Abogacía del Estado recurriera, a petición del Gobierno, algunos preceptos de la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Constitucional.

En la reunión han mantenido durante cerca de dos horas, Tomás Gómez ha propuesto a la presidenta llevar a cabo esa adaptación a través de un "proceso de diálogo" con todos los actores de la entidad financiera -sindicatos y partidos políticos-.

También le ha planteado la necesidad, a su juicio, de "profesionalizar" el perfil de los cargos que ocupan los órganos de Caja Madrid; propuesta que Aguirre ha acogido con "buena receptividad", según Gómez.

Tras la reunión, el consejero Beteta ha explicado que el Gobierno regional "no descarta la opción de modificar la ley para recoger los principios que se derivan del dictamen del Consejo de Estado".

"Vamos a estudiar con cuidado la propuesta genérica del Partido Socialista", ha afirmado Beteta, que no obstante ha vuelto a defender que el texto de su Ley de Cajas es "plenamente constitucional" y que el recurso de la Abogacía del Estado no es más que una "demanda pobre".

Beteta ha asegurado que el Gobierno regional está en situación de "seguir hablando" con el resto de actores de la entidad, aunque ha advertido de que el Ayuntamiento de Madrid no es tal, y de que sus representantes han de seguir las "directrices" del PP madrileño.

"Tenemos que buscar el método más eficiente para que haya unos Estatutos adecuados que posibiliten las elecciones en el plazo establecido", ha insistido el consejero, tras apuntar que Tomás Gómez "entiende que la estabilidad de la Caja pasa por renovar sus órganos este año".

El secretario general del PSM se ha mostrado convencido de que "se va a iniciar un proceso para recuperar la estabilidad perdida en Caja Madrid por la guerra entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón".

"Espero que la presidenta comience el proceso de adaptación de la Ley de Cajas. He visto una receptividad que espero que se traduzca en aceptar nuestra propuesta", ha señalado.

Según Gómez, la presidenta se ha mostrado también receptiva a la idea de que Caja Madrid "no puede ser un cementerio de la política, es decir, el sitio donde van a parar los militantes de los partidos que dejan de ser cargos públicos".

Aguirre y Gómez han estado acompañados en su reunión del vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González; el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta; el secretario de Economía del Partido Socialista de Madrid (PSM-PSOE), Antonio Miguel Carmona, y el de Comunicación, Eduardo Sotillos.

El encuentro ha provocado un "gran malestar" entre algunos diputados y concejales del PSOE, que creen que éste debería haber esperado a que se pronuncie el Tribunal Constitucional, han asegurado a Efe fuentes socialistas.

Además consideran una "incongruencia" que Tomás Gómez haya buscado un acuerdo con Aguirre a la vez que el PSM mantiene una posición de "veto institucional" a los actos que organiza la presidenta.

También la portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, ha criticado hoy la "falta de coherencia" del PSOE en Caja Madrid, y la ha comparado con la actitud del sindicato CCOO, que ha suspendido sus reuniones con el Gobierno regional hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie.