Un general declara que Defensa decidió oficiar el funeral sin saber detalles sobre las identificaciones

Madrid.-  El funeral por los militares muertos en el accidente del Yak se decidió en Defensa, en una reunión presidida por Federico Trillo, sin conocer detalles sobre la identificación de los cadáveres, ha dicho el ex jefe de Estado Mayor del Ejército, Luis Alejandre, ante el tribunal.

La declaración como testigo del general Alejandre, máximo responsable del Ejército de Tierra cuando ocurrió el siniestro, ha protagonizado la sexta jornada del juicio que sigue la Audiencia Nacional contra tres altos mandos por la errónea identificación de 30 de los 62 militares fallecidos en el accidente aéreo del Yak-42, ocurrido en Turquía el 26 de mayo de 2003.

Alejandre, actualmente retirado, ha asegurado que "quien toma la decisión (de fijar la fecha y hora del funeral de Estado) estaba convencido de que todos los cadáveres iban a estar identificados" cuando llegaran a España y ha agregado que esa decisión no dependía sólo del Consejo de Dirección de Defensa, sino "también de Presidencia del Gobierno y Casa Real".

Se decidió oficiar el funeral de Estado el 28 de mayo en la reunión del Consejo de Dirección del 27 de mayo, tras volver el ministro Trillo de Turquía, ha especificado Alejandre.

Sin embargo Alejandre ha asegurado que en ese momento se decidió "sin saber si todos los cadáveres de los fallecidos estaban identificados".

En este sentido ha negado que antes del funeral de Estado aconsejara demorar los entierros, tal y como declaró ayer el general Félix Sanz, jefe de Estado Mayor de la Defensa en época de José Bono.

A lo largo de su declaración, en la que familiares de los militares fallecidos presentes en la sala le llamaron en varias ocasiones "mentiroso", Alejandre ha afirmado que entre el 3 y el 8 de marzo de 2004, casi un año después de la tragedia, se enteró primera vez que podía haber errores en las identificaciones. Me enteré por la prensa".

Por su parte, el tribunal ha rechazado la petición del fiscal para que declarara como testigo el ex secretario general de Política de Defensa Javier Jiménez Ugarte, número tres de Trillo.

El juez Javier Gómez Bermúdez ha indicado que la citación de Jiménez Ugarte no es necesaria porque durante el juicio no ha habido ningún dato o elemento distinto a los aportados en la fase de instrucción en la que ya se rechazó esta petición.

El tribunal también ha rechazado que testifiquen en la vista oral el fiscal general de Trebisonda cuando ocurrieron los hechos, Burham Cobanoglu, y el director del instituto forense de Estambul, Keramettin Kurt, así como los cuatro médicos y biólogos que intervinieron como patólogos con los cadáveres.

El juicio se reanudará el próximo 15 de abril con la declaración como testigos de dos médicos turcos que participaron en las autopsias de los fallecidos y de un miembro del instituto de toxicología de Estambul, encargado del cotejo de pruebas de ADN.

Se trata de los médicos turcos Mustafa Gündüz y Bülent Sabrán, que participaron en las autopsias de los cadáveres del Yak-42, y la empleada del Instituto de Toxicología de Estambul (Turquía) Fátima Mukaddes, quienes no pudieron declarar el pasado lunes en el juicio, como estaba previsto, por problemas técnicos.

Con estas declaraciones concluirá la prueba testifical del juicio y el tribunal ha previsto que los días 20, 21 y 22 de abril se habiliten para la prueba documental y la presentación de informes definitivos.

En la sesión de esta mañana también han declarado cuatro trabajadores de la empresa funeraria contratada por Defensa para sellar los féretros de los soldados fallecidos, quienes han asegurado que los militares turcos les entregaban los ataúdes con un papel con el nombre y el rango de la víctima escrito en español.

Estos empleados, que fueron enviados a Turquía para sellar las cajas antes de su traslado a España, han explicado que fueron trasladados a una "especie de muelle", donde los militares turcos se encargaban de introducir las bolsas con los restos en los ataúdes, que les entregaban cerrados y con un folio pegado con cinta adhesiva en el que figuraba el nombre y apellidos del fallecido y su rango militar en español.

Los trabajadores han manifestado no tener constancia de quién era la persona encargada de colocar esa identificación en el ataúd, ni tampoco del momento en el que el papel era pegado en la caja.