Cataluña, primera comunidad que aprueba una ley para convocar referendos

Barcelona.-  El gobierno catalán ha aprobado hoy el proyecto de ley de consultas populares, lo que convierte a Cataluña en la primera comunidad autónoma que impulsa una ley que le permitirá solicitar al Gobierno español la convocatoria de referendos sobre "cuestiones de especial trascendencia política".

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(EFE)

El gobierno catalán ha aprobado hoy el proyecto de ley de consultas populares, lo que convierte a Cataluña en la primera comunidad autónoma que impulsa una ley que le permitirá solicitar al Gobierno español la convocatoria de referendos. EFE/Archivo

En rueda de prensa, el conseller de Gobernación, Jordi Ausàs, ha informado de que esta normativa permitirá pedir un referendo sobre asuntos de competencia autonómica si así lo reclama el 3% de la población catalana.

Según las cifras del Idescat, Cataluña tenía en 2008 una población de 7.364.078 personas, por lo que para pedir una consulta de este tipo se requeriría actualmente la firma de al menos 220.922 catalanes.

El Parlament deberá aprobar por mayoría absoluta cualquier propuesta de referéndum, pero el Gobierno español, en cumplimiento de la Constitución española, tendrá siempre la última palabra y decidirá si autoriza o no la consulta, que no será vinculante.

El Govern, a propuesta del presidente catalán, una quinta parte de los diputados del Parlament o bien dos grupos parlamentarios podrán pedir también la convocatoria de un referéndum, lo que implica que CiU, que tiene actualmente 48 escaños, tendrá fuerza al menos para impulsar cualquier tipo de consulta, si bien necesitará mayoría absoluta en el Parlament para formalizarla.

También podrán pedir un referéndum el 10% de los municipios catalanes (actualmente Cataluña cuenta con 946), que representen al menos a medio millón de habitantes.

Preguntado por si la ley permitirá a Cataluña pedir un referéndum sobre su independencia, ha asegurado que se podrán plantear consultas sobre cambios "en el marco legislativo del Estado", pero ha dejado claro que la ley es lo "más ambiciosa" dentro del "marco jurídico actual".

También ha aclarado que el proyecto de ley no prevé un catálogo de asuntos por los cuales no se pueda preguntar, si bien el texto deja claro que el Estado tiene siempre la última palabra.

Ausàs ha asegurado que la ley promueve el "derecho a decidir" de los catalanes, "que se ejerce cada día" según ha apuntado, y ha dicho que el resultado de la negociación de la financiación puede ser un asunto "susceptible" de consulta, si bien ha matizado que el Govern todavía no ha definido sobre qué quiere consultar.

También ha comentado, a preguntas de los periodistas, que llegado el caso habrá que "analizar" si se pide una consulta tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el Estatut.

Uno de los socios del Govern, ERC, da un valor especial a la ley, puesto que pese a ser consciente de que el Estado tiene la potestad de vetar consultas, entiende que cada vez que se rechace una se pondrá de manifiesto si lo hace por cuestiones políticas o técnicas.

El proyecto de ley prevé que los referendos no coincidan con la celebración de otros comicios, y que puedan participar en ellos únicamente las personas con derecho a voto en las autonómicas.

Pese a no poder votar, los ciudadanos extranjeros empadronados en Cataluña podrán firmar a favor de promover una consulta popular.