El 88% de los municipios presenta deficiencias en sus cuentas

Valladolid.-  El 88 por ciento de los municipios de Castilla y León presenta deficiencias en sus cuentas, el cuarenta por ciento las rinde fuera de plazo y el veintitrés no las hace públicas.

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(EFE)

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Pedro Martín Fernández (i), momentos antes de comparecer hoy en Comisión de Hacienda de las Cortes para presentar la Memoria de la Institución, correspondiente al ejercicio 2007.

Así desprenden los datos de la Memoria Anual del Consejo de Cuentas de Castilla y León correspondiente al ejercicio 2007, leída hoy en la Comisión de Hacienda en las Cortes por el presidente de este organismo, Pedro Martín.

En concreto, sólo el 48 por ciento ha presentado bien las cuentas contables, entre los que se encuentran todos los municipios con una población superior a 50.000 habitantes, según desprende el documento.

De los 2.248 municipios castellanoleoneses, 1.729 ayuntamientos no han rendido cuentas en tiempo y forma, cifra de la que un total de 411 cuentan con una población inferior a los quinientos habitantes.

La memoria recomienda a los responsables de las entidades locales que acentúen el procedimiento de control interno en materia de financiación, e insta a las instituciones autonómicas correspondientes a presionar a las entidades locales a rendir sus cuentas con diligencia.

El informe del Consejo, por otra parte, revela ciertas "limitaciones" en la actividad de organismos como la Gerencia Regional de Salud, en aspectos como en la forma de contratación de servicios por un valor superior a los 150.000 euros, para lo que se utiliza la forma de concurso "del que no se ofrece información completa".

El Consejo de Cuentas considera asimismo "insuficientemente justificada" la tramitación de los contratos de servicio dictados por la Consejería de Educación, e insta a especificar los criterios de adjudicación de los mismos.

Por su parte, desprende la necesidad de establecer un nuevo sistema financiero universitario que dote a las cuatro instituciones académicas públicas de la Comunidad de un modelo presupuestario basado en el cumplimiento de los objetivos marcados inicialmente.

Para el Consejo, en las universidades públicas de León, Salamanca y Valladolid existe en ocasiones un problema de liquidez derivado de la falta de sincronía entre los cobros y los pagos que hacen sus gestores, y se echa en falta un manual de control que fije sus criterios de actuación financieros.

Martín ha informado de que estas tres universidades presentaron las cuentas anuales del ejercicio 2003 fuera de plazo y con un criterio equivocado, y ha alertado de que el elevado porcentaje de participación del personal universitario en los órganos de gobierno de la institución dificulta la toma de decisiones.

Tras la observancia de las cuentas presentadas por los partidos políticos correspondientes a las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2007, el informe aprueba la contabilidad que han presentado, aunque expone la necesidad de regular detalladamente los documentos que resumen la actividad electoral.

También pide una mayor definición de los gastos correspondientes a la propaganda y la publicidad electoral, al haber detectado una irregularidad en las cuentas del partido Unión del Pueblo Leonés (UPL) por un valor de 40.000 euros en este concepto.

El informe aprueba la Cuenta General de Castilla y León correspondiente al ejercicio 2004, al considerar que refleja de forma "fiable las actividades económicas y financieras de la Comunidad", aunque le pone seis limitaciones correspondientes a la falta de ajuste de determinadas cuentas.

Para el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión, Pascual Fernández, el documento da cuenta de la "irregularidad, ineficacia y despilfarro" existente en las cuentas de la Comunidad.

Ha asegurado que desde su grupo echan de menos "un análisis más pormenorizado del cumplimiento de los objetivos fijados por la Junta de Castilla y León", así como un control de las subvenciones "a dedo" que se otorgan desde el Gobierno autonómico.