Mérida.- El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha estudiado hoy el borrador de la futura Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios, que obligará a las operadoras a indemnizar a los usuarios por los cortes de las llamadas de que sean responsables, además de contar con una oficina de atención personalizada.
La ley, cuyo objetivo es garantizar el derecho a la información del consumidor, darle seguridad jurídica y conseguir un nivel de calidad en el servicio, se pretende que salga adelante en este período de sesiones parlamentario, según la vicepresidenta Primera y Portavoz, Dolores Pallero.
En rueda de prensa, Pallero ha justificado la ley en que el 92 por ciento de los extremeños cuenta con teléfono móvil y en que las reclamaciones por este servicio suponen el 30 por ciento de las que se presentan en las oficinas de atención al consumidor.
En este sentido, ha apuntado que las quejas presentadas en Extremadura han pasado de 25.000 en el año 1995 a 158.000 en 2006, unas 20.000 menos que las relacionadas con la vivienda.
A su juicio, no es posible que sea más fácil divorciase que darse de baja de un móvil.
Las operadoras radicadas en Extremadura y los intermediarios estarán obligadas a contar con una oficina de atención personalizada y gratuita, donde tendrá que dar un número de referencia a la reclamación del usuario para tener constancia de ellas, y se responsabilizarán de su publicidad.
El contrato deberá dar información sobre la calidad y capacidad de la cobertura y, al contar la región con 428 kilómetros de frontera con Portugal, sobre el servicio en esta zona sensible en la que funcionan operadoras de los dos países.
La información debe ser detallada, gráfica y sencilla, y debe incluir el cómo darse de baja.
Las condiciones de la venta y la reparación de terminales también deberán ofrecerse por escrito.
La ley, que incluirá la creación de un observatorio de la calidad, contemplará indemnizaciones por interrupciones del servicio ajenas al usuario, por el coste efectivo de la llamada, o por cortes temporales por averías u otras circunstancias.
La verificación del lugar donde se cortó una determinada llamada corresponderá a la Junta de Extremadura.
Las sanciones a las operadoras e intermediarios serán en función de la Ley General de Consumo, es decir, entre 3.000 y 60.000 euros, según Pallero.
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