La Fiscalía pide al tribunal que admita el testimonio del número 3 de Trillo

Madrid.-  La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido hoy al tribunal que celebra el juicio por el accidente del Yak-42, que admita el testimonio del que fuera número tres del ex ministro de Defensa, Federico Trillo, cuando ocurrió el siniestro, el secretario general de Política de Defensa Javier Jiménez Ugarte.

Al término de la cuarta sesión del juicio, el teniente fiscal, Fernando Burgos, ha solicitado a la sala esta nueva declaración -la del primer político en la vista- al entender que con lo escuchado hasta el momento es necesario que Jiménez Ugarte comparezca para intentar alcanzar una "visión razonable y admisible" que ayudaría a alcanzar lo que fue la "verdad histórica" de los hechos.

No obstante, el tribunal ha aplazado su decisión hasta que concluya la fase testifical, que previsiblemente ocurrirá el próximo martes con la declaración del entonces jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME), Luis Alejandre, al que ayer citó el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, a instancias de la defensa del principal acusado, el general de Sanidad Vicente Navarro.

Burgos ha argumentado su petición no sólo por el cargo que ocupaba Jiménez Ugarte ni porque fuera nombrado "coordinador con las familias", sino por las entrevistas que mantuvo con los familiares de los militares fallecidos el 26 de mayo de 2003 en Trebisonda (Turquía) cuando éstos comenzaron a sospechar que las identificaciones se habían realizado erróneamente y le pidieron explicaciones.

Ayer mismo, Carlos Ripollés, hermano de uno de los fallecidos, denunció que las entrevistas mantenidas con Jiménez Ugarte habían sido "humillantes" porque en ellas "se volvía loco con amenazas y gritaba como un energúmeno".

Además del número de tres de Trillo, el Ministerio Público ha pedido que también testifiquen el fiscal general de Trebisonda (Turquía), Burham Cobanoglu; el director del instituto forense de Estambul, Keramettin Kurt, así como los cuatro médicos y biólogos que intervinieron como patólogos en la identificación de los 62 militares fallecidos el 26 de mayo de 2003.

Sobre Cobanoglu ha precisado que era la máxima autoridad que estuvo presente en la lonja habilitada como morgue en la que se desarrollaron las labores de identificación y que "dio órdenes directas" al general José Antonio Beltrán, que coordinó la operación de recuperación de los fallecidos, y al general Navarro.

En relación con los cuatro patólogos -Bülent Sam, Ómer Müslümanoglu, Hüseyin Afsin y Fatih Akyüz-, Burgos ha subrayado que intervinieron "directamente" en el examen de los cuerpos y que se ha producido una "contradicción flagrante" respecto a lo manifestado en la fase de instrucción.

Antes de estas peticiones, el tribunal ha escuchado el testimonio del teniente coronel Coca, que fue quien aconsejó al comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez -los otros dos acusados- que los informes de necropsia que realizaron en la base de Torrejón el 28 de mayo los fecharan en Trebisonda un día antes.

"Entendí que debía ponerse la fecha de donde se tomaron los datos macroscópicos de los cadáveres", ha comentado el testigo, que ha añadido que así lo hizo porque "es una práctica habitual en las autopsias", y además se lo comentó a Navarro y "le pareció bien".

Tras señalar que él no revisó el contenido de esos informes porque "confiaba plenamente" en Ramírez y Sáez, ha dicho que no recordaba si "iban a dárselos" a las familias, si bien ha agregado que creía recordar que el general Navarro le dijo que "sería conveniente para ayudarles".

El segundo y último testigo que ha comparecido hoy ha sido el teniente coronel Manuel López Veral, que fue comisionado como oficial de enlace para apoyar a las familias en aspectos administrativos.

En este sentido, ha destacado que las familias le comentaron que "había inquietud para recuperar los objetos personales", y ha recalcado que cualquier información la transmitía al Ministerio de Defensa.

El juicio continuará el próximo lunes con los testimonios de las autoridades judiciales turcas a través de videoconferencia.