El Gobierno recurrirá la sentencia del TSJC que anula la ocupación de los terrenos del anillo insular

Santa Cruz de Tenerife.-  El Gobierno regional recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula el decreto del Ejecutivo sobre la ocupación urgente de los bienes afectados por la carretera de Icod de Los Vinos a El Tanque (Tenerife), y advirtió de que continuará con dichas obras.

ampliar foto

(EFE)

El presidente canario, Paulino Rivero. EFE/Archivo

La Consejería de Obras Públicas y Transportes señala en un comunicado que este es uno de los tramos que forman el llamado "anillo insular" y cuenta con un presupuesto de 120,9 millones de euros y señala que seguirá con los trabajos "a pesar de la sentencia" del TSJC.

Advierte de que si se convierte en firme la sentencia, el proceso de expropiaciones y, por tanto, la disposición de los terrenos para poder ejecutar la obra en su conjunto se vería retrasado entre tres y cinco años "con los graves daños económicos y sociales que podría reportar no contar con una infraestructura ya adjudicada, muy necesaria para mejorar las comunicaciones entre el norte y el sur de Tenerife".

"Los perjuicios que se generarían por un retraso de estas obras se traducirían en la paralización de puestos de trabajo, generará intereses de demora, conllevará revisión de precios de una obra de más de 120 millones de euros, a lo que habría que añadir el perjuicio que se provocarían por la no utilización de una vía que se estima sea transitada por más de 15.000 vehículos cada día", asegura.

"Todo ello sin que se haya puesto en duda la legalidad de las actuaciones expropiatorias de la Administración canaria y entrando a valorar, únicamente, la elección por el Ejecutivo del procedimiento de urgencia frente al ordinario", apunta el Ejecutivo.

En su opinión, dicha sentencia estima "parcialmente" la demanda presentada por cinco vecinos de la zona, no es firme y permite al Gobierno de Canarias presentar un recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.

Ante esta circunstancia, se entiende que el decreto de urgente ocupación de los terrenos de este tramo de vía mantiene su vigencia en tanto se dicte la sentencia definitiva por el Tribunal Supremo, por lo que podrán continuar las actuaciones de los expedientes de expropiación y la ejecución de las obras, en tanto exista acta de ocupación de los terrenos, con total garantía jurídica.

"Es importante transmitir que en la sentencia se destaca el interés general de la obra y la importancia que supone para la isla contar con un eje de comunicaciones norte-sur", añade.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias sólo entra a valorar el procedimiento aprobado para tramitar las expropiaciones, indicando que no encuentra motivos que justifiquen el sistema de urgencia, apunta el Gobierno.

Para apoyar esta decisión el TSJC indica como prueba de la poca urgencia, que el proyecto definitivo se aprobó en mayo de 2007 y que se tardó cinco meses, hasta noviembre de ese mismo año en aprobarse el decreto de urgente ocupación.

Justifica la Consejería que en ese periodo se celebraron las elecciones que condujeron a un cambio en el Gobierno que no se constituyó hasta julio de ese mismo año.

Asimismo, añade que en ese plazo se incluyen las vacaciones y se suman los trámites necesarios para poder aprobar un decreto del gobierno, entre otros, el obligado del dictamen del Consejo Consultivo.