Oviedo.- El Gobierno regional cree "irrenunciable" la puesta en marcha del plan de evaluación del profesorado, que ha llevado a convocar una huelga en la enseñanza pública para el 1 de abril, cuya negociación fue "obstaculizada" por los sindicatos representados en la Mesa General de la administración autonómica.
Así se ha expresado hoy en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno la consejera de Administraciones Públicas y portavoz del Ejecutivo, Ana Rosa Migoya, que ha subrayado que esta medida se está aplicando "de forma experimental" y que no tiene "consecuencias económicas ni académicas" para el profesorado.
Migoya ha recordado que Asturias es la única comunidad autónoma que, antes de que se apruebe la nueva Ley de Función Pública, ha hecho extensivo el desarrollo de la carrera profesional a todos los empleados y no sólo a médicos y enfermeras y que esta medida, que lleva aparejadas mejoras económicas, está ligada a la consecución de determinados objetivos por los trabajadores.
"Los ciudadanos tienen derecho a saber si estos objetivos se cumplen", ha señalado la consejera, que ha rechazado las acusaciones de los sindicatos de enseñanza al Gobierno regional de no haber querido negociar esta cuestión que, ha recordado, fue abordada con la Junta de Personal Docente y en la Mesa General.
La consejera ha recordado que varias sentencias judiciales desestimaron los recursos planteados por algunos sindicatos contra esta cuestión dado que los tribunales estimaron que no podía negarse la existencia de negociación colectiva la falta de acuerdo y la ausencia de las centrales en algunas de la reuniones convocadas.
Según Migoya, la elaboración del plan de evaluación del profesorado se llevó a cabo de forma "coordinada" entre la Consejería de Educación y Administraciones Públicas que "plasmó" las propuestas planteadas por el departamento que dirige José Luis Iglesias Riopedre.
En cuanto a la exigencia de los sindicatos de la enseñanza de que se constituya una mesa sectorial específica para el sector, la titular de Administraciones Públicas ha apuntado que el Gobierno no pondría "ningún inconveniente" a esta iniciativa siempre que lo solicitasen los sindicatos representados en la Mesa General.
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