Denuncian la falta de independencia del Poder Judicial en Venezuela

Washington.-  Organizaciones defensoras de derechos humanos acusaron hoy al Poder Judicial en Venezuela de falta de independencia y de intervenir de manera "sistemática" a favor del Gobierno desde hace nueve años.

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(EFE)

Según los peticionarios, se ve con mucha frecuencia que casos en los que el Gobierno venezolano no tiene un interés manifiesto "sufren retrasos injustificados y significativos", mientras que en aquellos en los que el Estado es parte "se decide rápidamente". EFE/Archivo

En una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con motivo del 134 periodo de sesiones que celebra en su sede en Washington, la Red Venezolana de Activistas por la Paz (Revapaz) y la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) presentaron un informe en el que documenta esa supuesta falta de independencia judicial en Venezuela.

"La Constitución establece que es el Poder Judicial que rige la justicia, pero hemos visto, a través de casos, cómo han surgido patrones de falta de independencia, en enjuiciamientos o favoreciendo al Gobierno", indicó David López de Revapaz.

Según los peticionarios, se ve con mucha frecuencia que casos en los que el Gobierno venezolano no tiene un interés manifiesto "sufren retrasos injustificados y significativos", mientras que en aquellos en los que el Estado es parte "se decide rápidamente".

Es el caso del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio Público, y se vio claramente en los casos del Golpe de Estado de abril de 2002, en los que el Poder Judicial actuó con celeridad para los que defendieron al Gobierno del presidente Hugo Chávez y con retrasos de varios años en los que apoyaban su sustitución, dijeron.

Según los peticionarios, la intervención del Poder Judicial en favor del Poder Ejecutivo "es sistemática desde el año 2000".

Denunciaron que en ocasiones la Sala Constitucional del Supremo se pronuncia sobre la constitucionalidad de una futura ley antes de que ésta resulte aprobada por la Asamblea Nacional, la cual después utiliza la opinión del Alto Tribunal para justificar la legalidad de la medida promovida por el Gobierno.

Lo mismo ocurre con la Sala Electoral en casos de referendos o enmiendas constitucionales, con decisiones favorables al Gobierno, dijeron.

López también apuntó al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo como parte de esta falta de independencia.

En los casos de violaciones de derechos humanos "vemos cómo el ejecutivo estatal, municipal y de cualquier vertiente, ejerce una protección excesiva del funcionariado", lo que acaba en impunidad, dijo.

Por todo ello, Eduardo Bertoni, de la Fundación para el Debido Proceso Legal y Theresly Malavé, de Revapaz, pidieron a la Comisión que presente sus recomendaciones al respecto al Estado venezolano y visiten Venezuela para verificar la situación de derechos humanos.

El delegado del Gobierno venezolano para los Derechos Humanos, Germán Saltrón, señaló que Chávez heredó el Poder Judicial de los años 90, y la Asamblea Constituyente decidió reestructurarlo.

Saltrón explicó que, en el momento del golpe de estado de 2002, el Tribunal Supremo tenía 20 magistrados, diez de los cuales estaban en contra y diez a favor, por lo que Chávez "tuvo que renovarlo".

"Había que avanzar en la reestructuración del Poder Judicial para que los jueces no fueran nombrados por los partidos políticos sino por sus méritos", señaló.

Reconoció que este proceso "no es fácil" y admitió que "existe un retraso judicial, como siempre lo ha habido, pero no político".

En este sentido, reiteró que en Venezuela "existe independencia de poderes" y la plena voluntad del Gobierno de garantizarla.