Piden ante la CIDH la disolución de los partidos por vínculos con paramilitares

Washington.-  Grupos defensores de los derechos humanos denunciaron hoy en EE.UU. que el 35 por ciento de los cargos públicos en el Congreso colombiano es investigado por vínculos con las organizaciones paramilitares y pidieron que se disuelvan cinco partidos de la coalición gobernante por ese motivo.

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(EFE)

Los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Sérgio Pinheiro (i) y Clare Kamau Roberts (d), y el segundo vicepresidente de este organismo, Felipe González (c), participan en las audiencias por el 134 periodo de sesiones de la CIDH.

La Corporación Nuevo Arco Iris, Human Rights Watch (HRW) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) señalaron en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que cinco de siete partidos de la coalición del Gobierno del presidente Álvaro Uribe están vinculados casi en su totalidad al escándalo de la llamada "parapolítica".

El director de la Corporación Nuevo Arco Iris, León Valencia, pidió la disolución de cinco partidos de la coalición encabezada por el Partido de la "U" y el Partido Conservador.

Agregó que los otros partidos también se han visto afectados por supuestos nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pero que en el caso de la coalición gobernante la situación es más grave, a su juicio.

"Lo que reclamamos es que se disuelvan en primer lugar esos partidos", señaló.

Los nexos de numerosos políticos con las AUC desataron a finales de 2006 el escándalo conocido como "parapolítica", por el que numerosos políticos, entre ellos varios parlamentarios oficialistas, están siendo investigados y algunos han sido detenidos.

Claudia López, de HRW, denunció que la "captura violenta y mafiosa del poder político (por parte de los paramilitares y grupos armados ilegales) es una amenaza a la democracia" colombiana.

"El narcotráfico y los paramilitares lograron en 20 años lo que la guerrilla no consiguió en 60": hacerse con una gran parte del poder político, afirmó López.

En representación del CEJIL, Michael Camilleri afirmó que la estructura política creada por las AUC "no se reconoció ni se desmovilizó", y que la colaboración entre políticos y los paramilitares "sigue viva", lo que constituye un "grave peligro" para los derechos humanos.

El director del Programa Presidencial de Derechos Humanos de Colombia, Carlos Franco, señaló ante la CIDH que el Gobierno no quiere "desconocer" el problema, a la vez que admitió los "errores" que pudiera haber o habido en el proceso.

En este contexto se mostró consciente de los retos pendientes para enfrentar esta crisis y señaló que ha llegado a la conclusión de que en "Colombia hay un problema grave de corrupción" en los partidos políticos.

Pese a ello, subrayó, "se está enfrentando este problema como en ningún otro país, con eficacia y celeridad".

Los peticionarios pidieron al Gobierno colombiano que respete las investigaciones judiciales, y por ello pidieron garantías de protección a quienes las adelanten, como académicos y periodistas.

Asimismo, solicitaron a la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que la CIDH es un organismo autónomo, que elabore un informe sobre las estructuras políticas y económicas del paramilitarismo y de los demás grupos armados ilegales.

En el turno de réplica, Franco subrayó que la responsabilidad del Gobierno colombiano es garantizar que se haga justicia, y que ha actuado "con la mayor transparencia" en estos casos, aunque quizá, reiteró, "no exentos de errores".

Las AUC, nacidas para combatir a las guerrillas izquierdistas y hoy acusadas de múltiples crímenes de lesa humanidad, desmovilizó a más de 31.000 combatientes dentro del proceso de Justicia y Paz, pero aún quedan reductos de grupos armados ilegales, según la OEA.