EEUU intentó silenciar al británico supuestamente torturado y que se declarase culpable para dejar la cárcel

LONDRES.-  El Gobierno de Estados Unidos intentó silenciar al ex preso británico de Guantánamo Binyam Mohamed para evitar que denunciara la tortura que alega haber sufrido por parte de los Servicios de Inteligencia, así como que se declarase culpable para lograr su libertad, incluso pese a que ni siquiera en los cinco años que pasó en la prisión militar se le imputó ningún cargo.

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EP (EUROPA PRESS/ Eva Martínez Millán)

El Gobierno de Estados Unidos intentó silenciar al ex preso británico de Guantánamo Binyam Mohamed para evitar que denunciara la tortura que alega haber sufrido por parte de los Servicios de Inteligencia, así como que se declarase culpable para lograr su libertad, incluso pese a que ni siquiera en los cinco años que pasó en la prisión militar se le imputó ningún cargo.

Según los documentos manejados por los dos jueces que gestionaron el caso en el Alto Tribunal de Reino Unido (equivalente al Supremo español), los abogados de la Administración norteamericana ofrecieron a Mohamed, a cambio de su salida de Guantánamo, firmar un documento que asegurase que nunca había sufrido maltrato y que no daría cuenta de su pasado a los medios de comunicación.

La información procede de los papeles clasificados a partir de los que los jueces emitieron un dictamen el pasado octubre que provocó una importante polémica este año, cuando trascendió la supuesta petición del ministro de Asuntos Exteriores británico, David Miliband, de que no difundieran el caso debido a las amenazas de Washington, que advirtió de interrumpiría el intercambio de datos en materia de Inteligencia.

Según los datos conocidos ahora, Estados Unidos aspiraba a que Mohamed accediera a no denunciarlos y que cualquier cuestión relacionada con la compensación fuese gestionada por el propio Gobierno norteamericano. Sin embargo, los abogados del ex preso rechazaron el acuerdo antes de que el joven, que actualmente cuenta con 31 años, fuese liberado hace un mes sin condiciones.

Así, un borrador del acuerdo presentado por los abogados de la Administración de George W. Bush en 2008 recogía que "el acusado accede a no participar o apoyar ninguna clase de litigio o denuncia, en ningún foro, contra Estados Unidos o cualquier otro país u oficial de otro país, ya sea civil o militar".

RIESGOS

La propuesta no se dio a conocer en su momento debido a los riesgos para la seguridad nacional y la circulación de información a ambos lados del Atlántico, si bien su actual salida a la luz revela "la manera bajo la que el Gobierno de Estados Unidos ha intentado insistentemente ocultar la verdad sobre la tortura a Mohamed", según su abogado, Clive Stafford-Smith, director de la organización Reprieve (Indulto), que representa a más de 30 internos en Guantánamo.

Así, tras su regreso a Reino Unido hace hoy un mes, Mohamed ha reiterado sus acusaciones, si bien todavía no ha decidido si denunciará a las autoridades norteamericanas o a las británicas, a las que acusa también de tomar parte en la tortura y de complicidad en el encubrimiento por parte de Washington del maltrato sufrido a partir de su detención en 2002 en Pakistán.

ANTECEDENTES

Mohamed, que se hizo con la ciudadanía británica de adolescente, cuando llegó de su Etiopía natal como refugiado político, fue interrogado por un agente del MI5 sin identificar y, posteriormente, trasladado a Marruecos de forma clandestina por la CIA, que lo llevó posteriormente hasta Afganistán, de donde partió a Guantánamo en septiembre de 2004, pese a que los cargos le fueron retirados por la Administración de Estados Unidos, al igual que la mayoría de los 200 reclusos de la prisión militar.

No obstante, finalmente los abogados de Mohamed han tenido acceso a 42 informes de Inteligencia para un juicio militar confidencial en Estados Unidos, si bien han tenido que firmar un compromiso de que no revelarían los contenidos.

Una imposición que concuerda con la posición dada del Alto Tribunal londinense cuando consideró que, aunque existen "poderosas evidencias" sobre la necesidad de que se den a conocer, no se podían difundir por las advertencias transmitidas por Miliband.

Esta documentación se supervisará en paralelo a la consulta promovida por la fiscal general del Estado, Patricia Scotland, con el departamento de Delitos Públicos para evaluar el material y decidir si promueve pesquisas criminales.