Madrid.- La aparente fragilidad de la mayoría socialista en el Congreso, amenazada por la falta de apoyos sólidos, y el horizonte que se le abre al PP, que ve muy cerca la posibilidad de que sus iniciativas salgan adelante, ha provocado que ambos grupos refuercen el control de asistencia de sus diputados.
Intervención de la ministra de Defensa, Carme Chacón, en diciembre de 2008, en el pleno del Congreso de los Diputados. EFE/Archivo
Seis parlamentarios tienen la culpa de que la dirección del grupo popular se muestre a partir de ahora más severa en la concesión de los permisos de ausencia de los plenos, tal y como constató ayer su secretario general, José Luis Ayllón.
Seis diputados que se ausentaron del hemiciclo el martes pasado cuando más falta hacían, cuando llegó el momento de votar los puntos de una moción de los populares sobre la reactivación del sector de la automoción: el PP perdió uno de esos puntos por tres votos, así que si hubieran estado los ausentes el grupo popular se habría anotado una pequeña victoria más.
El presidente del partido, Mariano Rajoy, era uno de los que no estaba en su escaño, pero en su descargo figura que hubiera pedido permiso, ya que debía asistir a un acto de conmemoración de la Constitución de 1812.
Tampoco estaba el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aunque al PSOE no le hizo falta que como un diputado más pulsara el botón del "sí" o el "no" en las votaciones.
Al término de la sesión la dirección del grupo socialista se enorgullecía de no haberse quedado solo en ninguna de las iniciativas que se sometieron a las votaciones de los diputados, lo que muchos barruntaban que podía ocurrir habida cuenta del distanciamiento del PNV tras las elecciones vascas y de la incógnita que en muchas ocasiones representa CiU.
En cambio, la dirección del grupo popular no disimulaba su enfado por toparse al final de la tarde con la frustración, pues había negociado largamente algunas propuestas con el fin de acorralar al PSOE, especialmente en la iniciativa sobre automoción, y el resultado fue el que no quería.
Por ello, el panorama parlamentario se vislumbra muy variable y tanto el grupo del PSOE como el del PP se verán obligados a partir de ahora a negociar cada iniciativa hasta el final y, obviamente, a poner todos los medios para conseguir que las votaciones no les den la espalda, y eso supone que la disciplina de asistencia será más férrea que nunca antes en esta legislatura.
Hay precedentes de ausencias que ilustran hasta qué extremo resulta fundamental que un diputado esté en el pleno del Congreso, o del Senado, en el momento oportuno.
El diputado del PP Ramón Aguirre no estaba en el pleno cuando debía preguntar al vicepresidente económico, Pedro Solbes, por lo que la pregunta decayó, y el ex coordinador general de IU Gaspar Llamazares perdió mucho tiempo esperando al ascensor del Congreso y no se presentó en la tribuna cuando tenía que defender una iniciativa suya sobre financiación local. Ambas ausencias, en 2008.
También Jaime Ignacio del Burgo se retrasó en otros menesteres y no apareció por el hemiciclo cuando debía defender una moción sobre el papel de Navarra en la negociación que el Gobierno mantuvo con ETA la legislatura pasada. Al final, tuvo que debatirse la semana siguiente y entretanto se llevó alguna reprimenda.
Los retrasos son la causa de la mayoría de las incomparecencias, como la del ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, que dejó plantado a su interpelante Jorge Moragas en el pleno del Congreso (mayo de 2005) o las de las por entonces ministras de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y de Sanidad, Elena Espinosa, que se quedaron sin pregunta en una sesión de control (septiembre de 2005) por no ser puntuales.
Una semana después, la parlamentaria María Teresa de Lara llegó tarde al pleno a pesar de que tenía que defender una enmienda a la totalidad de la Ley de Montes.
Pero nada como la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada en diciembre de 2004 tras un proceso tormentoso. Dieciocho parlamentarios socialistas estaban ausentes en el momento en que debía aprobarse, un mes antes, y como la correlación de fuerzas era muy ajustada, el Gobierno no consiguió a la primera la mayoría absoluta necesaria.
Ángel A. Giménez
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