Naciones Unidas.- Un grupo de miembros del Consejo de Seguridad de la ONU expresaron hoy su preocupación por las consecuencias humanitarias que puede tener la expulsión de Sudán de trece ONG internacionales que distribuían ayuda en Darfur.
Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Uganda y otros de los quince países que integran el máximo órgano pidieron en una reunión abierta a Jartum que invalide las órdenes de expulsión antes de que conduzcan a una crisis humanitaria en la región sudanesa.
Allí, más de dos millones de personas necesitan la asistencia internacional para sobrevivir.
"El Consejo de Seguridad ha dejado claro que desea que Sudán rescinda estas expulsiones", indicó la embajadora estadounidense ante la ONU, Susan Rice, a la salida de la reunión.
Jartum anuló hace dos semanas los permisos de trece organizaciones humanitarias internacionales y dos nacionales después de que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera una orden de arresto contra el presidente sudanés, Omar Al Bashir.
Rice señaló que la decisión de permitir el regreso de las ONU estaba en manos de Al Bashir y que suya será la responsabilidad de las muertes que se produzcan si no se restablece la ayuda humanitaria.
Sin embargo, países cercanos a Jartum, como Libia, China y Rusia se mostraron menos críticos con el Gobierno sudanés y enfatizaron la necesidad de que se aborde el conflicto de Darfur de una manera "integral".
"Lamentamos la decisión de expulsar a estas organizaciones, pero entendemos las circunstancias en las que se tomó esta decisión", señaló el representante libio, Ibrahim Dabbashi.
Al mismo tiempo, advirtió de que esta situación es "una consecuencia negativa" de la orden de arresto contra Al Bashir emitida por el tribunal internacional con sede en La Haya.
Jartum acusa a las ONG de haber colaborado en la preparación del caso contra Bachir y de ser agentes de países occidentales interesados en derrocar al líder sudanés.
Sin embargo, el fiscal jefe de la CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo, negó que las ONG hubieran colaborado en su investigación de las presuntas atrocidades cometidas por el Gobierno sudanés.
"Las ONG me dieron cero información", afirmó el fiscal a la salida de la reunión del Consejo de Seguridad.
Moreno Ocampo consideró que la represalia de Jartum contra las ONG confirma el acierto de la decisión de la sala preliminar de la CPI de emitir una orden de arresto contra el mandatario africano.
"El destino de Bachir es tener que responder ante la justicia, sea en dos semanas o en dos años", afirmó el jurista argentino.
Por su parte, el director en Nueva York de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la ONU (OCHA), Rashid Khalikov, dijo en una intervención ante el Consejo de Seguridad que en la región ya se notan "señales evidentes de una reducción de la labor humanitaria, y el consiguiente impacto en las vidas de los habitantes de Darfur".
"También nos preocupa el hecho de que se haya tratado con dureza en Darfur, y Jartum, a estas organizaciones y su personal, que eran invitadas del Gobierno de Sudán".
A la espera de que Jartum recapacite, Naciones Unidas envió varios equipos a la región para evaluar la situación y precisar qué nuevas necesidades humanitarias crea la expulsión de las ONG, aseguró.
La ONU teme que un cerca de un millón y medio de sudaneses se queden sin acceso a servicios sanitarios, y un millón sin alimentos a consecuencia de la expulsión de los cooperantes internacionales.
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