La Unión Africana suspende a Madagascar y no reconoce al Gobierno golpista

Adis Abeba.-  El Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana (UA) decidió hoy suspender a Madagascar dentro de la organización, al considerar que se ha impuesto en la isla un Gobierno inconstitucional con apoyo militar en un "golpe de Estado".

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(EFE)

Varias personas pasan por delante de pinturas políticas realizadas por el artista Rarahoa Philemon-Ilhario, en Antananarivo (Madagascar), ayer, 19 de marzo. Philemon-Ilhario recrea escenas políticas tomadas de fotografías y las cuelga en las calles de la capital del país.

"El Consejo ha decidido separar a Madagascar porque tiene un Gobierno instalado de modo inconstitucional", dijo hoy a los periodistas Bruno Zidouemba, presidente en funciones de ese órgano tras finalizar su reunión en Adis Abeba para tratar el caso.

"Aunque el caso de Madagascar no fuese una toma directa del poder por los militares, no fue constitucional", señaló Zidouemba, para quien "se puede considerar un golpe de Estado" la autoproclamación de Andry Rajoelina como jefe del Gobierno, apoyado por militares, tras derrocar el pasado martes al presidente, Marc Ravalomana.

Madagascar se convierte así en el tercer país de los 53 de la UA que queda suspendido por la organización, después de Mauritania y Guinea Conakry, donde se produjeron sendos golpes militares el pasado año y no se han llevado a cabo elecciones.

Además, Zidouemba advirtió que podrían imponer sanciones adicionales a Madagascar si no se restaura la vigencia de la Constitución antes de seis meses.

De momento, la Unión Africana no ha decidido si celebrará, como estaba previsto, la cumbre de la organización en Antananarivo a principios del año próximo.

Previamente, la UA había advertido que no admitiría situaciones inconstitucionales y condenado que el presidente Ravalomanana, elegido en 2006 y cuyo mandato acababa en 2011, hubiera tenido que renunciar por "presiones" militares y civiles.

Ayer, la Comisión de Cooperación en Política, Defensa y Seguridad de la Comunidad para el Desarrollo de África Meridional (SADC), de la que Madagascar forma parte, negó su reconocimiento al Gobierno de Rajoelina.

"La SADC no reconoce a Rajoelina como presidente de Madagascar debido a que su designación, no sólo viola la Constitución del país, sino también los principios fundamentales y tratados de las cartas de esta organización, la Unión Africana y las Naciones Unidas", indicó el organismo al cabo de una reunión de urgencia en Suazilandia.

El cambio forzado de Gobierno en Madagascar fue ratificado por el Tribunal Constitucional del país, que aprobó la designación de Rajoelina como "presidente de la Autoridad Suprema de la Transición", que pretende permanecer en el poder dos años y cambiar la Constitución antes de convocar elecciones.

La "troika" de la SADC que integra la Comisión (Suazilandia, Sudáfrica y Angola), pidió a "la Unión Africana y la comunidad internacional que no reconozcan el nombramiento de Rajoelina y presionen a las autoridades de facto de Madagascar para restaurar en el país el gobierno democrático y constitucional en el plazo más corto posible".

Ayer, el Gobierno de Rajoelina suspendió, en su primera reunión en Antananarivo, la actividad del Parlamento para un periodo no superior a 24 meses, plazo en el que piensa cambiar la Constitución y convocar elecciones, según ha señalado.

Para mañana, según han informado las nuevas autoridades malgaches, está prevista una ceremonia de instalación de Rajoelina en el poder, en la que no prestará juramento, ya que no se ha proclamado jefe del Estado, sino "presidente de la Autoridad Suprema de la Transición".

También está prevista la asistencia a la ceremonia de los nuevos miembros del Tribunal Supremo, que hoy mismo se espera que designen las autoridades encabezadas por Rajoelina, mientras su primer ministro, Monja Roindefo, ha empezado ya a dar posesión a diez ministros.

Al menos 140 personas han muerto en Madagascar desde que el 26 de enero pasado Rajoelina movilizó a la oposición y a un sector de las Fuerzas Armadas para derrocar a Ravalomanana, al que acusa de malversación de fondos públicos y de violar la Constitución.