El juez ordena la apertura del juicio oral del caso eólico

Las Palmas de Gran Canaria.-  El magistrado Miguel Ángel Parramón ha ordenado la apertura del juicio oral del caso eólico, en el que figuran como principales imputados el ex director general de Industria del PP Celso Perdomo y su novia Mónica Quintana Pérez, además de otros cuatro acusados, según un auto publicado hoy.

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(EFE)

El ex director general de Industria del Gobierno de Canarias, Celso Perdomo, abandona la sala de vistas tras comparecer ante el magistrado que instruye la causa en 2007. EFE/Archivo

El juez decreta el sobreseimiento de la causa con respecto a José Luis de Santiago Gorrochategui en el auto, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y donde establece que la audiencia preliminar que tuvo lugar en febrero de 2009 se celebró conforme a derecho.

Así mismo, mantiene la situación de libertad provisional a los seis acusados y modifica las medidas cautelares y las limita a comparecencias los días 1 y 15 de cada mes, e impone una fianza de 400.000 euros al ex director general de Industria del Gobierno canario para asegurar las responsabilidades pecuniarias, de 100.000 euros a su novia, y de 300.000 al ex jefe de área de la Consejería de Industria, Honorato López.

Para los acusados Alfredo Briganty Arencibia, José Ignacio Esquivel Astelarra y Enrique José Guzmán López, la fianza fijada es de 200.000 euros.

El acusado Celso Perdomo se enfrenta a los delitos de violación de secretos, cohecho continuado y malversación de fondos públicos, mientras que Mónica Quintana, empleada del Cabildo de Gran Canaria, a los de violación de secretos y malversación de caudales públicos, y sobre los que deberá decidir un tribunal jurado.

Para el resto de los acusados aprecia un delito de cohecho, que en el caso de Honorato López es continuado.

Según el magistrado, Perdomo, en colaboración con su novia y con la intención de obtener un beneficio económico, facilitó información que no debía ser divulgada sobre el concurso para la asignación de potencia eólica convocado por la Consejería de Industria de Gobierno canario el 14 de octubre de 2004, antes de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Perdomo facilitó un borrador de la orden del concurso y una relación de terrenos y contactos públicos y privados para la instalación de parques eólicos en dos correos electrónicos enviados en agosto de 2004 a Wilebaldo Luis Yanes y a Daniel Fernández de Salamanca, que representaban a diversas sociedades privadas con interés en la convocatoria.

Según el juez, esto supuso para el resto de las empresas que no obtuvieron esa información una situación de "clara desventaja".

Perdomo además mantuvo contactos, antes de la convocatoria y después, con varias personas que representaban a diversas sociedades para favorecerlas en la adjudicación de parques eólicos a cambio de recibir determinadas cantidades de dinero.

Para ello, contactó con el acusado Enrique Guzmán, quien representaba a la sociedad Generaciones Especiales SL, vinculada al Grupo Hidrocarburos, y con quien firmó un pacto el 5 de octubre de 2004.

Entonces, su novia, Mónica Perdomo, en Madrid abrió una cuenta bancaria en el Fortis Bank, que le facilitó una tarjeta de crédito para disponer de las cantidades ingresadas por Guzmán, que también tenía una cuenta en esta entidad de Luxemburgo, y que ascendieron a 13.4552,21 euros tras efectuar dos transferencias en junio y noviembre de 2005.

Perdomo, a partir de febrero de 2004, también estableció contactos con Alfredo Briganty, que representaba a una serie de inversores entre los que figura el imputado José Ignacio Esquivel, vicepresidente de la Promotora de Recursos Eólicos 2004 SL, en la que Briganty ocupaba el cargo de secretario del Consejo de Administración.

Esta sociedad presentó, a través de otras, proyectos para participar en el concurso, por lo que Perdomo pactó con los dos acusados la asignación de potencia eólica a cambio de 12.700 euros, que abonaron el 13 de agosto de 2004 a la empresa Proarguineguín SL, que efectuó una obra de reforma en el domicilio de Perdomo y su novia.

Cuando Perdomo es cesado como director general de Industria, el 15 de junio de 2005, contactó con Honorato López para continuar con los mismos "fines fraudulentos", de manera que éste hiciera lo posible, a cambio de dinero, para conseguir la adjudicación de los proyectos a las empresas vinculadas con Enrique Guzmán, Alfredo Briganty y José Ignacio Esquível.

En octubre de 2005, Perdomo y Enrique Guzmán, pactan con Honorato López la entrega de 2 millones de pesetas de entrada, cuatro millones una vez se realice el informe previo, y un millón por cada megavatio adjudicado, para lo que el jefe de Área de Industria exigió alguna garantía.

En esas mismas fechas, Perdomo, junto con Briganty y Esquivel llegan a un pacto similar con Honorato López, de cantidades parecidas, y todos estos pagos se mantienen tras la anulación del concurso, pues se acuerda que serían respetados, señala el magistrado.

Por otra parte, el magistrado señala que Perdomo, antes de cesar, y su novia se apropiaron de libros con cargo al erario público valorados en 739,87 euros.