José Chamizo pide el traspaso de competencias penitenciarias a Andalucía

Sevilla.-  El defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha pedido hoy el traspaso a Andalucía de las competencias penitenciarias, incluidas las de los calabozos, para mejorar su estado y sus prestaciones asistenciales, algo que también han pedido el PP e IU, pero que rechaza el PSOE.

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(EFE)

El defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha pedido hoy el traspaso a Andalucía de las competencias penitenciarias, incluidas las de los calabozos, para mejorar su estado y sus prestaciones asistenciales, algo que también han pedido el PP e IU, pero que rechaza el PSOE. EFE/Archivo

Chamizo ha hecho esta petición durante la presentación en comisión parlamentaria del informe "Lugares de personas detenidas: depósitos municipales y otros calabozos policiales", en el que se analiza el estado de estas instalaciones en la comunidad, tanto las gestionadas por las administraciones locales como por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Entiendo que las competencias penitenciarias deben ser para la autonomía porque las prestaciones asistenciales serían mejores. Sé que la Junta no quiere esas competencias, pero debo pedirlas porque hablamos de seres humanos", ha dicho Chamizo.

En el informe se constata que el estado de los calabozos gestionados por la Guardia Civil y la Policía Nacional no es el adecuado y, en general, no se cumplen las condiciones elementales para que una persona permanezca retenida.

La gran mayoría de las personas detenidas en Andalucía permanecen custodiadas, durante su proceso de detención y puesta a disposición judicial, en dependencias gestionadas por la Guardia Civil y la Policía Nacional, por lo que el Defensor del Pueblo ha dedicado un apartado especial a estas instalaciones.

A pesar de que el informe no recoge con tanta minuciosidad el estado de estas instalaciones como las municipales, el Defensor del Pueblo concluye que las pertenecientes a la Guardia Civil son "insuficientes", especialmente por su antigüedad, la dotación de las celdas, la inexistencia de instalaciones complementarias y su escasa capacidad para acoger detenidos.

Sobre los calabozos gestionados por la Policía Nacional, el informe concluye que las instalaciones también son "inadecuadas" porque muchas se encuentran en edificios antiguos, con pocas reformas, se ubican en sótanos escasamente iluminados y con poco ventilación.

Incluso algunos están afectados por corrientes de aire insalubres y con dotaciones pobres, ni bien conservadas ni limpias.

Respecto a los depósitos gestionados por las administraciones locales -quienes ostentan esta competencia delegada por la administración central-, el informe apunta que su situación es bastante mejor que la analizada en un estudio anterior de 1995, cuando se aseguraba que eran lugares lamentables, húmedos y sombríos.

Sin embargo, los ayuntamientos han rechazado unánimemente el actual régimen jurídico de depósitos ya que su financiación es insuficiente y la plantilla de la Policía Local muy corta para prestar este servicio.

Por su parte, la diputada del PP Aránzazu Martín ha pedido a la Junta que inste al Gobierno central a cambiar el marco legislativo que permita a la comunidad hacerse cargo de estos calabozos.

En su opinión, la Junta "no puede mirar hacia otro lado" y debe asumir las competencias penitenciarias para, por un lado mejorar el estado de los centros y, por otro, no agudizar la actual asfixia financiera que padecen los ayuntamientos obligados a prestar este servicio.

Así, ha explicado que las corporaciones locales reciben 35,44 euros por detenido al día en los depósitos municipales cuando este servicio ronda en realidad los 150 euros.

El diputado de IULV-CA Juan Manuel Sánchez Gordillo, quien ha asegurado que conoce bien los calabozos, tanto los gestionados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como por los municipios, también ha pedido a la Junta que asuma sus competencias para mejorar su estado.

Sin embargo, el parlamentario del PSOE Fernando Manuel Martínez entiende que, tal vez, el Estado debería hacerse cargo de todos los depósitos de detenidos, aunque no cree que le corresponda a la Junta.