Quito.- Abogados de la petrolera estadounidense Chevron-Texaco solicitaron al magistrado del juicio por daños al medio ambiente que se sigue en su contra en una corte de Ecuador que desestime un informe pericial que le imputa a la empresa a pagar 27.000 millones de dólares.
Los abogados de la firma, Adolfo Callejas y Alberto Racines, hicieron su petición luego de varias inspecciones realizadas en campos petrolíferos que operó Texaco en Ecuador entre 1972 y 1992. EFE/Archivo
Según un comunicado remitido hoy por Chevron, las pruebas del perjuicio ambiental provocado por la petrolera en la Amazonía ecuatoriana presentadas por el perito Richard Cabrera "carecen de validez porque fueron tomadas en secreto, fuera de tiempo, en lugares desconocidos y por individuos ligados a los demandantes".
Los abogados de la firma, Adolfo Callejas y Alberto Racines, hicieron su petición luego de varias inspecciones realizadas en campos petrolíferos que operó Texaco en Ecuador entre 1972 y 1992.
La petrolera ha sido demandada por colonos e indígenas ecuatorianos por haber contaminado extensas zonas de la Amazonía y dañado el medio ambiente y la salud de miles de pobladores.
Los abogados de Chevron también denuncian en el comunicado que las muestras de supuesta contaminación fueron analizadas en laboratorios que no fueron calificados por la corte de la ciudad de Nueva Loja, en la provincia amazónica de Sucumbíos (este de Ecuador), donde se sigue el proceso.
De acuerdo con Callejas, "Cabrera manifestó bajo juramento que el peritaje global había concluido el 28 de septiembre de 2007", pero "tomó de manera clandestina varias muestras después de esa fecha" y no ha revelado las coordenadas de los sitios en las que las tomó, para verificarlas.
Por ello, el letrado pidió al presidente de la corte de Nueva Loja, Juan Núñez, que "rechace de inmediato el informe de Cabrera por ser fraudulento y por contener errores burdos".
En el escrito, Chevron también señala que las acusaciones de los demandantes carecen de sustento, sobre todo una que denuncia que Texaco vertió al ambiente más de 60 millones de litros de agua tóxica, que se produce en la extracción de crudo.
Según la compañía, ese líquido no es considerado tóxico por la actual ley ambiental ecuatoriana y es una práctica habitual entre las petroleras que operan en ese país y en otras partes del mundo.
De su lado, Pablo Fajardo, abogado de los demandantes, rechazó la versión de la petrolera y calificó como "desesperada" su conducta, pues el juicio, que ya lleva una década, "está cercano a su final".
Fajardo dijo a Efe que la próxima semana se efectuarán las últimas cuatro inspecciones judiciales en campos que operó Texaco y que se espera que en octubre se termine la fase de pruebas del proceso, con la entrega de los informes periciales y alegatos de las partes.
Luego, comentó el abogado, el juez que lleva la causa debe emitir su sentencia, aunque aclaró que no existe un plazo definido para que el presidente de la Corte anuncie su fallo.
Fajardo apuntó que hay "pruebas concluyentes" que apuntan a la culpabilidad de Texaco en daños ambientales y de salud pública en la región amazónica donde operó.
Indicó que se han presentado evidencias de que Texaco arrojó aguas tóxicas, ya que el líquido que extrajo junto con el crudo no fue tratado, como los establecen los reglamentos ambientales.
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