Dos sentencias de un juzgado cacereño desestiman la posibilidad de objetar

Mérida.-  Dos sentencias del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Cáceres, de fecha 5 de marzo, desestiman dos de los recursos interpuestos por padres de alumnos que reclamaban el derecho a objetar la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.

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(EFE)

Dos sentencias del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Cáceres, de fecha 5 de marzo, desestiman dos de los recursos interpuestos por padres de alumnos que reclamaban el derecho a objetar la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. EFE/Archivo

Los dos fallos judiciales consideran que la cuestión "ha sido ya resuelta por el Tribunal Supremo", según ha informado la Junta de Extremadura en un comunicado remitido a Efe.

En línea con las sentencias dictadas por el alto tribunal, el juzgado de Cáceres, según el Ejecutivo regional, dictamina que la Constitución Española "no permite afirmar que los padres tienen un derecho a la objeción de conciencia sobre materias como Educación para la Ciudadanía".

El juzgado cacereño sólo reconoce el derecho a elegir la educación religiosa y moral de los hijos, y no en cuestiones relativas a la organización y funcionamiento de la democracia constitucional, el significado de los derechos fundamentales o los usos sociales establecidos y reglas meramente técnicas que son los que abarca Educación para la Ciudadanía.

Las sentencias recuerdan, según la Junta, que si bien "el Estado no puede llevar sus competencias educativas tan lejos que invada el derecho de los padres a decidir sobre la educación religiosa y moral de los hijos", "tampoco los padres pueden llevar este último derecho tan lejos que desvirtúe el deber del Estado de garantizar una educación en el respeto a los principios democráticos de convivencia y de los derechos y libertades fundamentales".

De esta forma, el juez considera "indiscutible" que "los padres no tienen derecho ilimitado a oponerse a la programación de la enseñanza por el Estado", según recoge el comunicado.

Una vez verificado que la asignatura está "ajustada a derecho", las sentencias dicen, según el Ejecutivo extremeño, que autorizar exenciones individuales de dicha asignatura sería tanto como poner en tela de juicio esa ciudadanía para al que se aspira a educar".