Santander.- La asociación ecologista ARCA considera que el PP y el Gobierno de Cantabria no están "legitimados" para emitir opiniones sobre la depuradora de Vuelta Ostrera, que será derribada por orden del Supremo, porque, a su juicio, ni asumen ni depuran las responsabilidades que les corresponden.
Vista aérea de la depuradora de Vuelta Ostrera de Suances. EFE/Archivo
ARCA ha rechazado en un comunicado las opiniones del presidente del PP, Ignacio Diego, porque cree que suponen un "llamamiento expreso" al incumplimiento de una sentencia firme del Tribunal Supremo, pero también porque el motivo de ilegalidad denunciado por la asociación fue cometido en un Consejo de Ministros presidido por José María Aznar.
Según la asociación ecologista, hasta el momento ningún portavoz del PP ha pedido disculpas a la sociedad de Cantabria por el daño causado.
Al Gobierno de Cantabria, ARCA le ha dicho que la Consejería de Medio Ambiente ha "estado alimentando" un discurso muy parecido al de Diego y que la Consejería de Obras Públicas mantiene al frente de la Dirección General de Puertos al responsable técnico que informó a favor de la instalación de Vuelta Ostrera dentro del dominio público marítimo terrestre.
ARCA ha reiterado su petición de que José María Díaz Ortiz sea destituido de su cargo.
La asociación ha subrayado que está "completamente demostrado" que la depuradora de Vuelta Ostrera se construyó ilegalmente, que su capacidad de depuración es "muy escasa" y que venía acompañada de un emisario submarino para ocultar la contaminación en alta mar.
También ha quedado claro, ha añadido, que el trabajo de ARCA a favor de la legalidad y de la mejora del plan de saneamiento para la cuenca Saja-Besaya ha sido riguroso y muy beneficioso para Suances y su ría.
Según ARCA, gracias a la sentencia de Vuelta Ostrera se ha comenzado a exigir a Sniace que deje de contaminar, se va a construir una depuradora de calidad muy superior a la actual y se va a proceder a la restauración ambiental de la marisma de Cortiguera.
La asociación ecologista ha insistido en que es necesario que se ejecuten todas las sentencias firmes de demolición y ha agradecido al Ministerio de Medio Ambiente que defienda el cumplimiento estricto de la Ley de Costas en Cantabria.
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