Washington.- La organización Human Rights Watch (HRW) instó hoy al Gobierno boliviano a "repudiar de manera clara e inequívoca" la violencia de la turba que la pasada semana "atacó" a la familia del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas.
Los ataques a los familiares del ex vicepresidente boliviano Cárdenas les produjeron "lesiones" por las que tuvieron que ingresar en un hospital de La Paz, indica el comunicado de HRW. EFE/Archivo
En un comunicado, HRW pidió al Gobierno presidido por Evo Morales que se abstenga de efectuar "cualquier tipo de declaración que pudiera interpretarse como tolerancia" frente a los actos de la turba.
La organización, con sede en Washington, solicitó además que se investiguen "de manera inmediata e imparcial" tanto estos ataques como otros recientes, "dirigidos tanto a partidarios del Gobierno como a miembros de la oposición".
Desde el sábado pasado, campesinos afines a Morales ocupan la casa de campo del ex vicepresidente Cárdenas (1993-1997), rival político del mandatario, y han anunciado que realizarán un trámite de expropiación para quedarse con ella.
HRW asegura que la multitud que ocupó la vivienda, situada en Sankajahuira (aproximadamente a 90 kilómetros al oeste de La Paz), obligó a la esposa, los hijos y el sobrino de Cárdenas a abandonar la casa a base de "golpes con palos y chicotes".
Los ataques a los familiares del ex vicepresidente, que en ese momento no se encontraba en la vivienda, les produjeron "lesiones" por las que tuvieron que ingresar en un hospital de La Paz, indica el comunicado.
La organización subraya que pese a que Evo Morales lamentó los ataques en una conferencia de prensa, existen "varias fuentes periodísticas" que le atribuyen la frase "el pueblo no aguanta ni perdona a los traidores".
Según HRW, el gobernante agregó que Cárdenas, abierto opositor a la nueva Constitución aprobada mediante un referéndum en enero, había estado mintiendo sobre su persona, el Gobierno y la Carta Magna, y que "estas mentiras causan reacción".
Del mismo modo, asegura que el vicepresidente Álvaro García Linera dijo que Cárdenas debía "preguntarse qué daño habrá hecho a sus vecinos, a los pobladores, a las personas de su comunidad y de la provincia para que esos pobladores lo repudien".
"Al mismo tiempo que los líderes bolivianos toman distancia de la turba y critican la violencia, sus declaraciones públicas sugieren que los ataques pueden haber sido justificados", dijo en el comunicado José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
"Esa ambigüedad atenta contra el estado de derecho en Bolivia", añadió Vivanco, quien alertó de las "crecientes agresiones entre las fuerzas afines al Gobierno y a la oposición" que se viven en el país.
Según HRW, los cabecillas del ataque contra la familia de Cárdenas dijeron a la prensa que lo hicieron porque el ex dirigente financió la campaña del "no" a la constitución y traicionó con ello a su pueblo.
Vivanco afirmó que aunque el Gobierno debe asegurar el derecho a las manifestaciones políticas, también es su responsabilidad "garantizar que estas no degeneren en violencia colectiva o pongan en peligro a los ciudadanos".
El Gobierno de Bolivia anunció ayer que la policía desalojará la casa del Cárdenas una vez tenga una orden de la fiscalía, ya que existe un proceso judicial abierto con respecto al inmueble.
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