La estatal petrolera de Ecuador firma la modificación de un contrato con Repsol-YPF

Quito.-  La petrolera estatal ecuatoriana, Petroecuador, firmó hoy una modificación al contrato de participación que mantiene con la compañía hispano-argentina Repsol-YPF, que se prevé extienda la presencia en el país de esa firma hasta el año 2018.

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(EFE)

El contrato supone que, a mayor precio del petróleo, más alta es la participación (del Estado). EFE/Archivo

El "contrato modificatorio" fue suscrito esta tarde por el presidente ejecutivo de Petroecuador, el contraalmirante Luis Jaramillo, y el gerente de Repsol-YPF Ecuador S.A., Sergio Affronti, acompañado de directivos de las empresas asociadas a la compañía.

El ministro ecuatoriano de Minas y Petróleos, Derlis Palacios, y su colega coordinador de Áreas Estratégicas, Galo Borja, participaron en la ceremonia como testigos de honor.

El contrato se extiende a las áreas de explotación que Repsol tiene en la Amazonía ecuatoriana, que son el denominado "Bloque 16" y el campo de extracción compartida con Petroecuador "Bogi-Capirón", que en total suman una producción de 40.000 barriles diarios.

El contrato modificado de participación en la renta petrolera, que tendrá vigencia por un año, es un paso previo a la negociación de otro contrato de prestación de servicios, cambio exigido por el Gobierno a todas las empresas privadas que operan en el país.

El convenio establece que Repsol hará nuevas inversiones por más de 315 millones de dólares en los próximos nueve años para sostener la producción actual de la compañía y mejorarla en el futuro.

La petrolera española también se ha comprometido a pagar unos 447 millones de dólares de una deuda por la denominada "Ley 042", que se estableció en el 2006 para que el Estado ecuatoriano reciba la mitad de las ganancias adicionales obtenidas por las petroleras privadas, el elevado precio del petróleo en el mercado internacional.

La deuda se cancelará en cinco años, con un primer desembolso la próxima semana por 89 millones de dólares y alícuotas semestrales por 53 millones, hasta completar el total.

El gerente de la firma hispano-argentina en Ecuador aseguró que el contrato ha supuesto un "gran esfuerzo" de negociación entre las partes y destacó que su compañía ha invertido unos 2.000 millones de dólares desde que empezó su operación en el país.

"Repsol y sus socios en el bloque estamos dispuestos a continuar aportando eficiencia operativa, responsabilidad social, cuidado del medio ambiente y seguridad de las personas que trabajan en la compañía", añadió Affronti.

Además, destacó que Repsol ha dejado en el país unos 1.500 millones de dólares por impuestos.

Por su parte, el ministro Palacios calificó de "bueno" el acuerdo alcanzado entre las partes y remarcó que es "importante que la compañía siga trabajando acá", en Ecuador.

Palacios recordó que el acuerdo se logró después de que las partes mantuvieran durante meses discrepancias por el pago que exigía el Estado sobre la "Ley 042", lo que llevó al Gobierno a anunciar un proceso contra la empresa.

Sin embargo, dijo que ese proceso ha quedado suspendido, dado el compromiso de Repsol de asumir el pago de esa deuda.

Palacios destacó que el porcentaje de participación del Estado en la explotación del "Bloque 16", que es del 17 por ciento, alcanzará entre el 27 y 48 por ciento, debido a que ese capítulo depende del valor del crudo en el mercado internacional.

El contrato supone que, "a mayor precio del petróleo, más alta es la participación (del Estado) y tendremos mejores ingresos", subrayó el ministro.

Asimismo, precisó que el contrato se regirá sobre una norma que establece un reparto del 70 por ciento para el Estado y el 30 por ciento para la compañía, sobre los ingresos extraordinarios que obtenga Repsol por al venta del crudo ecuatoriano.

El petróleo es la principal fuente de financiación del Estado ecuatoriano y es el primer producto de exportación del país andino, cuyos ingresos en el 2008 superaron los 11.000 millones de dólares.

En Ecuador se producen unos 500.000 barriles diarios de crudo, el 60 por ciento de los cuales pertenece al Estado y el resto se reparten una decena de compañías privadas que operan en el país.