Madrid.- El PP ha aprobado el fin de la Comisión de Investigación sobre una supuesta trama de espionaje, que se cerrará hoy con la comparecencia del consejero de Interior, Francisco Granados, de manera que únicamente comparecerán 11 de las 29 personas que había aprobado la Mesa de la Asamblea.
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, durante su comparecencia el pasado mes de enero en la Asamblea de Madrid con motivo del supuesto caso de espionaje a políticos en la región. EFE/Archivo
Así lo ha decidido la mayoría del PP en la Junta de Portavoces de ayer, a propuesta de la presidenta de la Cámara, Elvira Rodríguez, con los votos en contra del PSOE e IU.
Tras la comparecencia de Granados se elaborará un dictamen de conclusiones que se aprobará en el pleno de la Asamblea el próximo 18 de marzo.
Con la comparecencia de hoy habrán sido once los comparecientes que han pasado durante cuatro días por la Comisión de Investigación.
Otras dieciocho comparecencias calificadas por la Mesa de la Asamblea no llegarán a materializarse, entre ellas la que había pedido el PP del vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González.
Las portavoces del PSOE y de IU en la Cámara regional, Maru Menéndez e Inés Sabanés, han comparecido juntas ante los medios de forma extraordinaria para denunciar el "atropello democrático" que, a su juicio, supone este cierre de la comisión, y han advertido de que agotarán todas las vías "parlamentarias", "jurídicas" e "institucionales" para seguir investigando la supuesta trama.
Menéndez ha anunciado que los socialistas "no asistirán a actos instituciones organizados por Esperanza Aguirre" como muestra de protesta.
La primera consecuencia de esta decisión es que mañana los portavoces socialistas en la Asamblea de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid no asistirán al acto institucional en el que Esperanza Aguirre homenajeará a las personas y servicios que trabajaron por las víctimas de los atentados del 11-M.
Tanto Maru Menéndez como Inés Sabanés han apelado hoy a la dirección nacional del PP para que "no avale el golpe de mano" de la presidenta madrileña.
En esta línea, el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Góméz, ha afirmado que el líder del PP, Mariano Rajoy, "debe intervenir" y "debe obligar a Esperanza Aguirre" a que la comisión "no se cierre en falso".
"Es una actitud totalmente antidemocrática", ha añadido Gómez, que ha asegurado que así Aguirre "se ha declarado culpable y máxima responsable del espionaje que se ha demostrado que ha existido en el seno de la Consejería de Interior".
Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, David Pérez, ha proclamado que los partes de seguimiento publicados por "El País" se han demostrado "más falsos que el paraíso comunista", y se ha referido a las portavoces de la oposición como un "dúo unido por el bochorno y la frustración de no haber podido demostrar nada".
Pérez ha defendido que ahora los "jueces tienen que investigar quién ha realizado esos partes falsos que se han hecho pasar por auténticos y que han motivado el linchamiento de un gobierno".
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, no ha juzgado la decisión de cerrar la comisión de investigación, y ha remitido a las conclusiones de la misma.
La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho que su partido estudiará "con mucho interés" el dictamen de conclusiones que elabore la comisión de cara a la adopción de sus "propias decisiones internas".
Granados comparecerá hoy en la Comisión de Investigación a partir de las 10.30 horas, en la que será su segunda intervención en la Cámara para dar explicaciones sobre la supuesta trama de espionaje, tras la que protagonizó el pasado 5 de febrero a petición de PSOE e IU.
Ese día Granados aseguró que "jamás" ha visto "ninguno de los partes" de seguimiento a políticos publicados por "El País"; dijo que ni siquiera "se plantea su existencia" y los calificó de "absurdos" e "infantiles".
Un mes después, el 5 marzo, en el transcurso de un pleno de la Asamblea, Granados sostuvo que en el gobierno socialista de Joaquín Leguina los técnicos "prestaban servicios de seguridad, se compraron pistolas y además hacían de escolta de los miembros del gobierno".
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