El Gobierno aprueba una ley con una nueva tipología de vivienda libre de precio limitado

Pamplona.-  El Gobierno de Navarra ha aprobado hoy el proyecto de Ley Foral de Medidas Urgentes en materia de Urbanismo y Vivienda, una norma que recoge una nueva tipología de vivienda libre de precio limitado y de nueva construcción, cuyo coste "se fijará legalmente y oscilará en función de su localización".

ampliar foto

(EFE)

El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, José Carlos Esparza (i). EFE/Archivo

El Ejecutivo ha dado luz verde en su sesión de Gobierno a este proyecto de Ley que será en breve trasladado al Parlamento, y con el que pretende agilizar la disposición de suelo para vivienda protegida, incentivar la promoción y rehabilitación y dar facilidades a los adjudicatarios con problemas económicos.

El consejero de Vivienda, Carlos Esparza, ha sido el encargado de dar a conocer en conferencia de prensa el contenido y características que reúne esta ley de choque en materia de vivienda, que también recoge medidas urgentes en materia de urbanismo, dedica un tercer capítulo a medidas de carácter fiscal y un cuarto que avanza las líneas de trabajo de VINSA.

En materia de Vivienda, se duplicará el porcentaje de las ayudas por rehabilitación de la misma, se establecerá una ayuda extraordinaria para la reforma interior (cocinas y baños), habrá ayudas a la mejora de la eficiencia energética y a la instalación domótica y, además, recoge una nueva tipología de vivienda libre de precio limitado.

Al respecto, el consejero ha defendido esta última idea, después de que en las últimas semanas este punto haya recogido críticas desde algunas fuerzas políticas.

Según ha matizado Esparza, esta vivienda libre de nueva construcción tendrá fijado su precio legalmente, y éste oscilará en función de su localización, pues en la Comarca de Pamplona el precio por metro cuadrado útil de esta vivienda será de 2.310 euros, mientras que en el resto de Navarra será de 1.980.

Esta vivienda se beneficiará del acceso a los préstamos cualificados en las condiciones convenidas para las protegidas, y de las desgravaciones fiscales previstas en esta ley, ya que "se consigue así un producto que puede resultar atractivo para un determinado sector de la población que no es demandante de vivienda protegida, o que aún siendo demandante podría acceder a otro tipo de vivienda si el precio es lo suficientemente ajustado".

Un precio que, a juicio del consejero, es "ajustado y a una distancia muy razonable, del orden del 30%, del precio tasado de la vivienda protegida".

En cuanto al capítulo de Urbanismo, su objeto es agilizar la tramitación administrativa para facilitar la rápida puesta a disposición de los agentes económicos de suelo apto para la construcción.

Así, se reforzará la autonomía y responsabilidad municipal en la tramitación de los instrumentos de ordenación urbanística, se reducirán las reservas obligatorias de espacios rotacionales y de servicios, y una última característica es que las entidades locales podrán disponer de una parte de la superficie destinada a dotaciones para la construcción de VPO en régimen de alquiler.

Además, se establecen nuevas ayudas relativas a las reformas interiores de cocinas y baños en viviendas con destino a residencia habitual que cuente con una antigüedad mínima superior a quince años, la instalación de domótica o aquellas que supongan una mejora de la eficiencia energética, el gasto mínimo deberá ser de 4.000 euros y la subvención será del 20% hasta un máximo de 3.000 euros.

Por otra parte, en cuando a los criterios que han de regir la actuación de VINSA en el próximo trienio, el consejero ha adelantado que la sociedad pública orientará "preferentemente" su actividad hacia el área de la rehabilitación y las reformas y la promoción de vivienda protegida en régimen de alquiler.

Asimismo, se promoverá la vivienda protegida en régimen de compraventa por encima de lo que resulte necesario, para "garantizar el resto de sus objetivos", especialmente el fomento del Sistema Público de Alquiler, y en "ningún caso superará el 15% de las viviendas protegidas promovidas".

En su conjunto, esta norma, según ha subrayado por su parte el consejero de Economía y Hacienda, Álvaro Miranda, pretende "mitigar y corregir los efectos negativos que, sobre el empleo del sector de la construcción, ha generado la crisis económica, así como dar respuesta las necesidades de empresas y ciudadanos".

Miranda también ha hecho referencia a una exigencia realizada por el PSN, quien la pasada semana calificó de "imprescindible y obligado" la recuperación por parte del Gobierno de Navarra de los derechos edificables de Guenduláin.

Una propuesta que "no ha sorprendido al Gobierno", y que según ha explicado el consejero de Economía, "tiene que tener encaje legal si finalmente optásemos por esa fórmula, pero en cualquier caso el Gobierno sólo va actuar en términos de interés público en defensa de los ciudadanos y de los puestos de trabajo que puedan estar perjudicados en este momento".

Miranda ha insistido en que "hay que reflexionar para ver si ésa es la línea, o hay que buscar otras fórmulas", y ha recordado que la operación desarrollada por el Ejecutivo, se produjo "en un escenario inmobiliario que no tiene que ver en nada con el actual, y que estaba plenamente justificada".