Quito.- El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ofreció hoy todo el respaldo a la comisión que conformará el Gobierno para investigar el bombardeo colombiano a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, el 1 de marzo de 2008, en el que murió el segundo de esa guerrilla "Raúl Reyes".
El jefe de Estado aseguró que confía en la Fiscalía y la Justicia pues en manos de ellas está la investigación, pero añadió que ha "ordenado" que se estructure una comisión integrada por la sociedad civil. EFE/Archivo
El jefe de Estado aseguró que confía en la Fiscalía y la Justicia pues en manos de ellas está la investigación, pero añadió que ha "ordenado" que se estructure una comisión integrada por la sociedad civil.
"Hemos pedido a las universidades, Iglesia y organizaciones sociales que envíen sus ternas para que el presidente elija de esas ternas y hagamos esa comisión y van a tener todo el apoyo logístico, financiero e información para la investigación más profunda que pueda", dijo el mandatario, en su informe semanal de labores.
El jefe de Estado "exigió" que esa comisión denuncie lo que descubra, pero puntualizó que si no halla nada también lo debe decir pues tras el bombardeo, ciertos sectores han tratado de vincular a su Gobierno con actividades de las FARC y el narcotráfico.
"Ya basta de jugar con cosas tan sagradas como el honor patrio, la seguridad nacional, no tenemos nada que temer", dijo Correa, quien volvió a criticar a los medios de comunicación y periodistas locales que insisten en vincular a un ex funcionario estatal con las FARC y el narcotráfico.
Correa recordó hoy que José Ignacio Chauvín, encarcelado e investigado por supuestos vínculos con los hermanos Ostaiza, presuntamente relacionados con el narcotráfico, fue subsecretario de Gobierno entre el 16 de enero y el 7 de mayo de 2008.
En repetidas ocasiones, Correa ha señalado que hasta el momento solo se sabe que Chauvín fue amigo de los hermanos Ostaiza, en lo que, considera, no hay delito.
Chauvín declaró que se reunió en siete ocasiones con quien fue el segundo al mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Luis Édgar Devia, alias "Raúl Reyes", en Colombia, para tratar asuntos relacionados con la liberación de rehenes.
El jefe de Estado criticó hoy que ciertos medios de comunicación hablen de "narco política" y aseguró que ello responde a un intento de desprestigiar a su Administración con miras a las elecciones generales del próximo 26 de abril, en las que busca la reelección, junto con su vicepresidente, Lenín Moreno.
La Comisión de Transparencia, que estará integrada por cinco miembros de la sociedad civil, se encargará de investigar el bombardeo colombiano en el sector ecuatoriano de Angostura, el 1 de marzo de 2008, donde existía un enclave clandestino de las FARC.
El bombardeo, denominado por el Ejército de Colombia "Operación Fénix" y en el que murieron unas 26 personas, también produjo la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países porque Ecuador consideró que se había violado su soberanía territorial.
El trabajo de investigación de la Comisión se unirá al que lleva a cabo la fiscalía de Sucumbíos (noreste), y ambos procesos intentarán, un año después, despejar las dudas que se plantean sobre las circunstancias que rodearon al bombardeo.
Al recordar este sábado el bombardeo, Correa señaló que el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, lo llamó el 1 de marzo de 2008 para decirle que ocurrió un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas colombianas y las FARC y que, como resultado, integrantes del grupo guerrillero habían huido a Ecuador.
Uribe dijo que en esa persecución hubo 17 guerrilleros muertos, entre ellos "Reyes", 11 detenciones y un soldado colombiano fallecido, comentó Correa.
"Esa fue la mentira que dijo el presidente Uribe", apuntó. "No nos dijeron que era un bombardeo, planificado, deliberado, ordenado por Uribe", añadió.
En su informe semanal de labores insistió en que hay problemas de seguridad en la frontera norte pese a que se han enviado a 7.000 militares y 3.500 policías.
Se lamentó de que Colombia "no cuide" su frontera sur, lo que ha obligado a su Gobierno a reforzar los cuidados con una inversión de cien millones de dólares anuales, dijo.
Añadió que en la provincia costera de Esmeraldas hay infiltración del grupo "Águilas Negras", una organización que emergió tras la desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y de grupos de delincuencia organizada.
Agregó que se han creado nuevos destacamentos y que en la frontera norte se han "derogado todos los permisos para portar armas" y que en la renovación habrá mayor cuidado.
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